La investigación periodística reconstruyó al menos 12 comisiones internacionales relacionadas con el proyecto, realizadas en tres continentes y con destinos que incluyeron Catar, Turquía, India, República Checa, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, Polonia, Tailandia y Lituania.
El propósito declarado era explorar tecnologías y capacidades para que Colombia pudiera enfrentar una amenaza que, lejos de disminuir, se ha convertido en una de las herramientas utilizadas por grupos armados ilegales para atacar a la Fuerza Pública.
Y aquí aparece la primera pregunta inevitable: ¿cómo puede un país recorrer medio mundo buscando un escudo contra drones y terminar sin un sistema unificado para enfrentar precisamente esos ataques?
Una amenaza que sí creció
Mientras las delegaciones viajaban y se realizaban pruebas técnicas, los ataques con drones continuaron aumentando.
De acuerdo con cifras citadas en la investigación, entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 eventos relacionados con drones, con un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas. Además, los ataques con sistemas aéreos no tripulados aumentaron 146 % durante ese periodo, pasando de 13 casos en enero a 32 en mayo.
En los últimos días de agosto, además, volvieron a registrarse ataques con drones utilizados para lanzar explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública.
Es decir, la amenaza dejó de ser una advertencia futura y se convirtió en una realidad sobre el terreno.
La ruta internacional del “escudo”
La investigación de El Colombiano señala que funcionarios del Ministerio de Defensa realizaron misiones para conocer fabricantes, tecnologías y sistemas antidrones.
Entre los funcionarios mencionados aparecen el entonces ministro de Defensa Pedro Sánchez, la viceministra de Estrategia y Planeación Angélica Verbel López, oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y del Ejército, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección y asesores de la Secretaría Privada del Ministerio.
La primera parada ocurrió en enero, con un viaje a Catar para participar en la feria DIMDEX 2026. Posteriormente hubo una delegación en Turquía y, durante febrero y marzo, nuevas misiones que llevaron funcionarios a India y varios países europeos, además de Estados Unidos.
Las resoluciones administrativas citadas en la investigación hablan de conceptos como “exploración tecnológica” y “confirmación de requerimientos”.
El interrogante vuelve a aparecer: ¿cuánto terminó costándole al Estado una exploración tecnológica que, al final del gobierno Petro, todavía no había producido la adquisición del supuesto escudo?
Al menos $96 millones documentados
Uno de los puntos que genera mayor cuestionamiento es el costo de las comisiones.
Según la documentación revisada por El Colombiano, cinco viajes de oficiales relacionados con el proceso representaron $96.087.301, incluyendo tiquetes y otros gastos.
Uno de los tiquetes, correspondiente al mayor Fredy Mauricio Ruiz Gutiérrez, para una ruta por España, Francia y Polonia, tuvo un costo superior a $34 millones.
Otro viaje, realizado por el teniente Jhonatan Hernán Gómez Narváez, representó más de $22 millones.
A estos valores se sumaron viáticos en dólares.
Pero el dato completo resulta difícil de establecer porque, de acuerdo con la investigación, el Ministerio de Defensa no habría entregado información detallada sobre los gastos de las 12 misiones.
Ahí surge otra pregunta que seguramente deberá responderse: si existieron 12 comisiones internacionales, ¿cuánto dinero público se gastó realmente en toda la operación?
Mucho viaje, poca compra
El proyecto contemplaba una arquitectura tecnológica compleja, con diferentes capas para detectar, identificar, rastrear y neutralizar drones.
Se realizaron pruebas en Sogamoso, Boyacá, y San Luis, Tolima, además de visitas internacionales a fabricantes y centros especializados.
El cronograma incluyó ocho fases de vigilancia tecnológica y diferentes pruebas de equipos.
Sobre el papel, todo parecía encaminado a una adquisición estratégica.
Pero llegó el momento decisivo: comprar.
Y allí es donde el proyecto parece haberse quedado sin pista de aterrizaje.
Según la investigación, a mediados de agosto de 2026 todavía no había sido adjudicado un sistema nacional antidrones.
Después de recorrer Catar, Turquía, India, Europa, Estados Unidos y otros destinos, Colombia seguía sin el gran sistema unificado que había sido anunciado como una necesidad urgente.
La paradoja resulta difícil de ignorar: el escudo recorrió tres continentes, pero nunca terminó de llegar a Colombia.
El problema de querer comprar un sistema perfecto
Uno de los testimonios recogidos por El Colombiano agrega otro elemento al debate.
Un experto técnico que participó en el proceso precontractual aseguró que el Ministerio buscaba una plataforma con capacidades prácticamente absolutas frente a las diferentes amenazas.
Según su explicación, las exigencias habrían provocado que entre el 70 % y el 80 % de los fabricantes internacionales desistieran del proceso porque consideraban que los requerimientos eran imposibles de cumplir con una sola tecnología disponible actualmente.
La discusión técnica es relevante porque enfrentar drones comerciales modificados, aeronaves FPV y dispositivos controlados mediante fibra óptica requiere capacidades diferentes.
Un sistema C-UAS moderno no consiste simplemente en comprar un inhibidor. Requiere integrar radares, sensores ópticos, sistemas de identificación y diferentes mecanismos de neutralización.
Y Colombia enfrenta una dificultad adicional: los grupos armados han demostrado capacidad para adaptar drones comerciales y utilizarlos en ataques contra policías y militares.
El contraste que deja la investigación
Mientras el proyecto avanzaba entre resoluciones, viajes, pruebas y visitas a fabricantes, las Fuerzas Militares y la Policía ya utilizaban diferentes equipos antidrones.
El Ejército cuenta con sistemas Skyfend, mientras que la Policía utiliza soluciones de DroneShield, según el reporte.
Esto plantea una discusión adicional: ¿por qué después de semejante despliegue internacional no se consiguió integrar esas capacidades dentro de una estrategia nacional única?
La respuesta no aparece completamente clara en la documentación conocida.
Tampoco está claro cuánto tiempo más deberá esperar Colombia para contar con una arquitectura antidrones capaz de responder a las nuevas modalidades de ataques utilizados por los grupos armados.
Una promesa que terminó convertida en interrogantes
El llamado “Escudo Antidrones” fue presentado como una respuesta urgente ante una amenaza que estaba cambiando la manera de hacer la guerra.
Sin embargo, el balance que deja el gobierno Petro es incómodo: 12 comisiones internacionales relacionadas con el proyecto, múltiples pruebas y visitas tecnológicas, millones de pesos en gastos documentados y ningún sistema nacional unificado adquirido al cierre de la administración.
La pregunta ya no es solamente qué ocurrió con el proyecto.
También habrá que establecer quién tomó las decisiones, cuánto costó realmente la estrategia, qué resultados concretos dejaron las misiones internacionales, por qué no se concretó la compra y si las exigencias técnicas terminaron haciendo inviable el proceso.
Porque una cosa es viajar por el mundo para buscar tecnología de defensa y otra muy distinta es regresar con ella.
En este caso, según la investigación periodística, Colombia obtuvo una extensa bitácora de viajes, pero el escudo que debía protegerla contra los drones nunca terminó de despegar.
