La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 026-022323-6, expedida el pasado 28 de agosto de 2026, con la que la entidad suspendió provisionalmente los efectos de decisiones administrativas anteriores relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria 040-477286, correspondiente a un terreno de 5.082 metros cuadrados.
Además, la Supernotariado ordenó el bloqueo preventivo del folio, mientras se revisa la situación jurídica del inmueble y se determina si las actuaciones adelantadas en el trámite registral se ajustaron a las normas vigentes.
La decisión no significa, por ahora, que la entidad haya determinado quién tiene la propiedad legítima del predio ni que haya declarado irregular alguna de las actuaciones. Se trata de una medida preventiva adoptada mientras avanza la investigación administrativa.
También revisarán otros predios
El caso no se limita al lote de 5.082 metros cuadrados.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, mediante el Auto No. AUT-2026-003552-5 del 27 de agosto de 2026, inició una actuación administrativa para verificar la situación jurídica de otros folios relacionados con predios ubicados en Puerto Colombia.
Los folios incluidos en la revisión son 040-445183, 040-445198, 040-609789, 040-625766 y 040-630731 a 040-630735, que en conjunto corresponden a una extensión de 33.637 metros cuadrados.
La Superintendencia explicó que el objetivo es revisar de manera integral las actuaciones surtidas y determinar si se respetaron las disposiciones legales y los procedimientos correspondientes.
“Las medidas son de carácter preventivo y no constituyen una decisión sobre la propiedad de los inmuebles”, precisó la entidad.
Según la Supernotariado, el propósito es garantizar que las actuaciones registrales puedan ser examinadas y que cualquier decisión posterior se adopte respetando la legalidad, el debido proceso y las normas que regulan el registro de bienes inmuebles.
¿Qué ocurrió con los terrenos?
La controversia tiene como antecedente la entrega de varios terrenos que originalmente habían sido donados por Cementos Argos a la Alcaldía de Puerto Colombia en 2009.
Según la información conocida sobre el caso, la donación tenía una destinación específica: la construcción y conservación de zonas verdes.
Sin embargo, años después, uno de los terrenos, de más de 5.000 metros cuadrados, terminó relacionado con el particular Francisco Javier Pizarro Guerra, mientras que otro predio fue cedido a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
El episodio generó cuestionamientos debido a que se trataba de terrenos que habían sido entregados inicialmente al municipio bajo una destinación determinada.
La discusión ahora se centra en establecer bajo qué procedimiento se produjeron las posteriores cesiones, si estas se ajustaron a las condiciones originales de la donación y si todas las actuaciones administrativas y registrales cumplieron con las exigencias legales.
Procuraduría también puso la lupa
La actuación de la Supernotariado se suma a la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que también abrió una actuación en Puerto Colombia para revisar la denominada “cesión gratuita” de los lotes durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla.
El exmandatario municipal ha respondido a los cuestionamientos y aseguró que su firma habría sido falsificada para hacerla aparecer en documentos relacionados con la cesión de los terrenos.
Esta afirmación abre otro frente dentro de la controversia, pues de comprobarse una eventual falsificación documental, tendría que determinarse quién habría elaborado o utilizado esos documentos y con qué propósito.
Hasta ahora, se trata de asuntos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes y no de hechos que puedan darse por demostrados.
Un terreno con una destinación que ahora vuelve a ser cuestionada
El caso plantea una pregunta central: ¿cómo terminó un terreno entregado al municipio para zonas verdes vinculado posteriormente a particulares y bajo qué condiciones se produjo esa operación?
La respuesta dependerá de la revisión de los documentos, los actos administrativos, los folios de matrícula inmobiliaria y las decisiones que permitieron modificar la situación jurídica de los predios.
La Supernotariado aseguró que trabajará de manera articulada con la Alcaldía de Puerto Colombia para esclarecer cualquier situación que pueda afectar los derechos de la comunidad.
Por ahora, la orden de bloqueo preventivo y la apertura de la actuación administrativa congelan temporalmente determinados efectos registrales y abren la puerta a una revisión más profunda.
El caso queda así en manos de los organismos de control y de las autoridades encargadas de establecer si hubo simplemente errores administrativos, actuaciones que no se ajustaron al procedimiento o posibles irregularidades que puedan generar responsabilidades.
Mientras tanto, los 33.637 metros cuadrados incluidos en la actuación administrativa permanecen bajo la lupa de las autoridades, en una investigación que busca responder qué ocurrió realmente con unos terrenos que, en principio, tenían una destinación pública específica.
