La Procuraduría General de la Nación inició seguimiento preventivo al contrato suscrito por AIR-E S.A.S. E.S.P. Intervenida con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual se gestionarían recursos hasta por $1 billón para financiar proyectos de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La operación anunciada tendría una duración de 60 meses, una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual y un período de gracia de un año a partir de la entrada en operación de las obras.
La Procuraduría General de la Nación requiere información a AIR-E y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para establecer las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales bajo las cuales fue estructurado y suscrito el negocio. El seguimiento cobra especial relevancia porque AIR-E se encuentra bajo toma de posesión y el agente especial debe informar a la Superintendencia los compromisos contractuales, presupuestales y de inversión que puedan afectar el patrimonio de la empresa.
El Ministerio Público busca determinar, entre otros aspectos, si la Superintendencia conoció previamente la negociación y si la celebración del contrato requería su autorización, así como establecer el impacto que las obligaciones asumidas podrían tener sobre el endeudamiento, flujo de caja, capacidad de pago y sostenibilidad financiera de AIR-E. También se solicitaron los estudios técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos que sustentaron la operación, las garantías y fuentes de pago previstas y los soportes de las actuaciones adelantadas ante la autoridad de vigilancia.
La actuación preventiva también examinará los proyectos que serán financiados, sus costos y criterios de priorización, así como los posibles efectos de las inversiones sobre la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio y sobre las tarifas de los usuarios. La Procuraduría considera necesario establecer, además, cómo las obligaciones derivadas del contrato se integrarían a los distintos escenarios que puedan adoptarse para AIR-E, incluida la incorporación de un nuevo operador o una futura solución empresarial.
La Procuraduría precisó que el seguimiento no cuestiona la necesidad de realizar inversiones para mejorar la infraestructura eléctrica del Caribe, sino que busca verificar que una operación de esta magnitud y duración se ajuste al régimen de intervención, proteja el patrimonio de AIR-E y no comprometa su sostenibilidad ni la prestación del servicio a más de 1,3 millones de usuarios. AIR-E y la Superintendencia deberán entregar la información y los soportes requeridos dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las respectivas comunicaciones.
