El mandatario calificó la situación como una amenaza para la seguridad y las finanzas del país y ordenó poner en marcha una operación conjunta para identificar y desmantelar la cadena criminal que estaría detrás del hurto y comercialización ilegal de estos productos.
La instrucción contempla la participación coordinada de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Ecopetrol y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de atacar no solamente a quienes extraen ilegalmente el combustible, sino también a quienes participan en su transporte, almacenamiento, comercialización y distribución.
De acuerdo con la alerta entregada por el jefe de Estado, el fenómeno tendría una dimensión considerable debido al volumen de combustible que estaría siendo sustraído mensualmente.
La operación busca establecer cómo se produce el robo, cuáles son las rutas utilizadas por las organizaciones criminales y quiénes estarían encargados de recibir y comercializar el producto en los mercados ilegales.
Combustible robado estaría financiando al narcotráfico
Uno de los aspectos más delicados advertidos por el presidente es el posible vínculo entre el robo de combustibles y otras economías ilícitas.
De La Espriella aseguró que una parte del combustible hurtado terminaría en manos de organizaciones vinculadas al narcotráfico, lo que convertiría este delito en una fuente adicional de financiación para estructuras criminales.
La investigación deberá determinar qué grupos están involucrados, cómo se mueve el combustible sustraído y qué relación existe entre esta actividad y otras operaciones ilegales.
El Gobierno pretende atacar toda la cadena para evitar que las organizaciones criminales continúen obteniendo beneficios económicos mediante el hurto de hidrocarburos.
Operación interinstitucional
La orden presidencial contempla una intervención articulada entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad, la investigación judicial y la protección de la infraestructura energética.
Las Fuerzas Militares y la Policía tendrán a su cargo las acciones operativas, mientras que Ecopetrol aportará información y capacidades relacionadas con la infraestructura y los sistemas de transporte de combustibles.
La Fiscalía, por su parte, deberá avanzar en las investigaciones judiciales para identificar a los responsables y establecer las posibles conexiones entre las redes dedicadas al robo de hidrocarburos y otras organizaciones criminales.
El objetivo será pasar de la captura de personas involucradas en hechos individuales a la identificación de las estructuras que coordinan y se benefician de esta actividad.
La magnitud del fenómeno también llevó al Gobierno a poner la atención sobre las posibles pérdidas económicas y los riesgos que representa la manipulación ilegal de combustibles para las comunidades y la infraestructura energética.
La investigación permitirá establecer si el volumen señalado corresponde a un comportamiento generalizado y cuáles son las zonas del país donde se concentra el mayor número de casos.
Mientras avanza la operación, el Gobierno Nacional busca cerrar los espacios que permiten el robo, transporte y comercialización ilegal de gasolina, diésel y nafta.
La orden de De La Espriella marca así una ofensiva contra una actividad que, según la alerta presidencial, estaría conectada con redes criminales y con fuentes de financiación del narcotráfico.
Las autoridades deberán determinar ahora quiénes están detrás de esta cadena, cómo operan y hasta dónde llegan sus conexiones con otras estructuras delincuenciales.
