La instrucción fue dirigida a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a quien el mandatario solicitó realizar una revisión de las fotomultas instaladas en el territorio nacional, especialmente aquellas que puedan estar operando bajo condiciones que generen cuestionamientos.
La petición se produjo después de que Noguera interviniera frente a la instalación de tres nuevas cámaras de fotodetección en la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena. El presidente destacó la decisión de frenar su puesta en funcionamiento y sostuvo que estos mecanismos deben tener como prioridad la seguridad vial.
“Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”, manifestó De La Espriella.
El jefe de Estado también advirtió que el Gobierno deberá actuar con “contundencia” cuando se detecten posibles irregularidades, abusos o sistemas que, según su planteamiento, hayan sido implementados con una finalidad principalmente recaudatoria.
“No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”, agregó.
La controversia alrededor de la vía Barranquilla-Cartagena surgió luego de que se conociera la intención de instalar tres nuevas cámaras de fotodetección en este corredor, que ya cuenta con otros dispositivos.
El director del Instituto de Tránsito del Atlántico, Carlos Mafio Granados, confirmó que estas tres cámaras no entrarán en funcionamiento, después de la posición expresada por la ministra de Transporte, quien consideró excesivo que la vía pudiera llegar a contar con siete fotomultas.
El Gobierno Nacional busca ahora establecer si los sistemas de fotodetección que operan en las carreteras del país cumplen con los requisitos legales y si su ubicación responde realmente a criterios de seguridad vial.
La revisión podría generar cambios en aquellos puntos donde se determine que existen irregularidades, mientras que el Gobierno insiste en que las cámaras deben utilizarse como herramientas para prevenir accidentes y reducir los índices de siniestralidad, y no como mecanismos destinados exclusivamente a generar ingresos por multas.
