El Ministerio del Trabajo tomó una de sus primeras decisiones de mayor impacto en materia laboral al expedir la Resolución 2708 de 2026, mediante la cual derogó 11 circulares expedidas durante el Gobierno de Gustavo Petro y que habían sido utilizadas para establecer orientaciones relacionadas con la implementación y aplicación de la Reforma Laboral.
La decisión deja sin efectos varios lineamientos que durante los últimos meses habían servido como guía para empleadores, trabajadores, sindicatos y funcionarios encargados de la inspección laboral.
Según explicó la cartera, las circulares presentaban diferentes problemas relacionados con competencia administrativa, técnica normativa, interpretación jurídica y creación de obligaciones que, a juicio del Ministerio, no contaban con suficiente respaldo legal.
¿Qué circulares fueron derogadas?
La decisión abarca disposiciones emitidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026 y toca varios de los temas más sensibles de las relaciones laborales en Colombia.
Entre los lineamientos que quedaron derogados se encuentran los relacionados con:
- Jornada máxima de trabajo y horas extras.
- Trabajo doméstico remunerado.
- Remuneración a destajo.
- Registro de horas extras y trabajo suplementario.
- Autorizaciones para terminar contratos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada.
- Protección relacionada con discapacidad.
- Cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social para los empleadores.
- Libertad sindical, permisos sindicales y convenciones colectivas.
- Jornada laboral y horas extras en el sector de vigilancia y seguridad privada.
- Procedimientos disciplinarios y terminación del contrato con justa causa.
- Modalidades contractuales.
- Inspección laboral en plataformas digitales.
- Conformación de pliegos únicos y comisiones negociadoras sindicales.
La resolución también deja sin efecto lineamientos relacionados específicamente con la inspección del trabajo doméstico remunerado.
El argumento del Ministerio
El Gobierno sostiene que la derogatoria responde a la necesidad de revisar la legalidad y el alcance de las disposiciones expedidas mediante circulares durante la administración anterior.
Según el Ministerio, algunas de estas directrices habrían ido más allá de la función orientadora de una circular y terminado estableciendo obligaciones o interpretaciones jurídicas sin el suficiente fundamento normativo.
Por esta razón, la cartera decidió retirar los documentos mientras se revisa el marco jurídico aplicable a cada uno de los asuntos.
La medida no significa necesariamente que desaparezcan los derechos establecidos directamente por la Constitución, la ley o las normas laborales vigentes. El alcance concreto dependerá de cada disposición y de las normas que continúen vigentes.
Reacción inmediata: anuncian demanda
La decisión ya generó una fuerte reacción política.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que acudirá a los tribunales para demandar la resolución expedida por el Ministerio del Trabajo.
La congresista cuestionó que el nuevo Gobierno retire lineamientos que, según su posición, representaban avances en materia de derechos laborales.
Pedraza advirtió que la medida podría significar un retroceso en garantías que, en su concepto, han sido construidas durante décadas y señaló que se estaría afectando el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.
Una nueva disputa alrededor de la Reforma Laboral
La decisión abre ahora una nueva controversia jurídica y política alrededor de la aplicación de la Reforma Laboral.
El debate se concentrará en determinar hasta dónde puede llegar el Ministerio del Trabajo mediante circulares para orientar la actuación de inspectores, empleadores y trabajadores y cuáles disposiciones requieren necesariamente una norma de mayor jerarquía.
Mientras se define el futuro jurídico de la resolución, los sectores sindicales y de oposición podrían acudir a los tribunales para intentar frenar sus efectos.
Por su parte, el Gobierno de Abelardo de la Espriella defiende la revisión de las normas expedidas durante la administración Petro y sostiene que las actuaciones del Ministerio deben ajustarse estrictamente a las competencias y al marco legal vigente.
¿Qué viene ahora?
La derogatoria de las 11 circulares no cierra la discusión. Por el contrario, podría convertirse en uno de los primeros grandes enfrentamientos jurídicos entre el nuevo Gobierno y los sectores que defienden la implementación de la Reforma Laboral.
La eventual demanda anunciada por Jennifer Pedraza pondrá en manos de los jueces la discusión sobre la legalidad de la Resolución 2708 de 2026 y sobre los efectos que debe tener la eliminación de estos lineamientos.
El pulso por la Reforma Laboral vuelve así a los tribunales, mientras empleadores, trabajadores y sindicatos esperan claridad sobre las reglas que deberán aplicar en temas como jornada laboral, horas extras, estabilidad reforzada, negociación colectiva y trabajo en plataformas digitales.
