La situación en la que el nuevo Gobierno habría recibido el sistema penitenciario y carcelario colombiano llegará al Congreso de la República. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, citó a un debate de control político al ministro de Justicia, Iván Cancino, para que explique las condiciones encontradas tras la salida del gobierno de Gustavo Petro y responda por las denuncias de presuntas irregularidades en la administración anterior.
La convocatoria también incluye al director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, y al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Fidel Ignacio Espitia. Al debate fueron llamados además la defensora del Pueblo, Iris Marín; el contralor general, Jorge Eliécer Laverde; y el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, quienes deberán aportar información sobre la situación financiera, administrativa y humanitaria del sistema penitenciario.
Triana pidió a los funcionarios presentar informes y responder un cuestionario sobre “el estado en el que el nuevo Gobierno recibe al sistema penitenciario y carcelario colombiano”. El objetivo será establecer qué problemas fueron heredados, cuáles decisiones de la anterior administración pudieron contribuir a la crisis y qué medidas pretende adoptar el nuevo Gobierno para enfrentarla.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, citó a un debate de control político al ministro de Justicia, Iván Cancino, para que entregue un balance de cómo recibió la entidad. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/RIyqbVQLP7
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 20, 2026
El debate adquiere mayor relevancia por las alertas que el propio ministro Cancino ha venido formulando desde su llegada al cargo. Una de ellas está relacionada con una modificación realizada al manual de funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que, según el ministro, podría tener implicaciones legales y afectar principios como el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso a los cargos públicos.
Cancino cuestionó particularmente la Resolución 468, publicada el 23 de julio de 2026, mediante la cual se modificaron perfiles académicos, núcleos básicos del conocimiento y funciones específicas dentro de la entidad. Ante esta situación, solicitó una revisión técnica para determinar si existieron irregularidades o algún posible direccionamiento en los cambios realizados.
Pero el frente más delicado está en las condiciones de las cárceles y centros de detención. De acuerdo con el denominado ‘Libro de la verdad’, elaborado por el equipo de empalme anticorrupción, se habrían detectado presuntas irregularidades en obras de infraestructura penitenciaria, incluyendo proyectos que habrían sido pagados pese a que físicamente no existirían.
El informe señala que interventores habrían aprobado pagos por $78.493 millones por infraestructura que presuntamente no existía. A esto se sumaría una situación de hacinamiento que habría dejado al sistema penitenciario en una condición crítica.
Según las cifras citadas en el documento, las cárceles presentarían un hacinamiento cercano al 28 %, mientras que en los centros de detención transitoria el nivel alcanzaría el 95,5 %. Una de las cifras más preocupantes señala que 41,4 % de los internos estaría durmiendo en el piso, debido a la falta de camastros.
El diagnóstico también cuestiona las condiciones de resocialización. De acuerdo con el mismo informe, apenas el 25,4 % de la población privada de la libertad participaría en actividades educativas, situación que, según sus autores, dificultaría el propósito de preparar a los internos para su regreso a la sociedad.
La discusión política podría escalar durante el debate, especialmente porque las denuncias no se limitan al hacinamiento. El Congreso buscará establecer si detrás del deterioro de la infraestructura penitenciaria existen responsabilidades administrativas, posibles fallas de contratación o eventuales hechos de corrupción que hayan comprometido recursos públicos.
La crisis también tiene consecuencias directas fuera de las cárceles. El desbordamiento de los establecimientos penitenciarios y de los centros transitorios ha trasladado parte de la presión hacia estaciones de Policía, que terminan albergando personas privadas de la libertad en instalaciones que no fueron diseñadas para cumplir funciones carcelarias.
Ahora, el ministro Iván Cancino deberá explicar ante la Comisión Primera qué encontró el nuevo Gobierno, cuánto dinero estaría comprometido en obras cuestionadas, qué responsables han sido identificados y cuáles serán las acciones para recuperar los recursos públicos, corregir las deficiencias de infraestructura y reducir el hacinamiento.
El debate podría convertirse así en uno de los primeros escenarios de confrontación política del nuevo Gobierno con la administración Petro, esta vez alrededor de un sistema penitenciario que, según las denuncias conocidas, habría terminado con graves problemas de infraestructura, hacinamiento y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
