La captura de un coronel activo del Ejército sacudió nuevamente a las Fuerzas Militares. Se trata de Carlos Didier Pérez Amorocho, quien fue detenido en Bogotá por orden judicial y es investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales y por haber recibido, aparentemente, dinero a cambio de favorecer los intereses de estos grupos.
De acuerdo con la información conocida, el oficial es requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.
La operación de captura fue desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación (UEI) y el Gaula Militar Arauca. Durante el procedimiento también se realizó una diligencia de registro y allanamiento en la vivienda del uniformado, con el propósito de buscar elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de las conductas investigadas.
Investigación apunta a dos periodos específicos
Los investigadores concentran parte de las pesquisas en dos periodos en los que Pérez Amorocho ocupó cargos de responsabilidad dentro de la estructura militar. El primero corresponde a 2019-2020, cuando estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29, y el segundo a 2024-2025, durante su paso por la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2.
La hipótesis que manejan las autoridades sostiene que, durante esos periodos, el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por presuntas actuaciones realizadas desde las posiciones que ocupaba.
Este elemento es uno de los principales puntos que deberá esclarecer la investigación judicial, particularmente para establecer qué actuaciones habría realizado el oficial, qué organizaciones estarían involucradas y cuál habría sido el alcance de los presuntos acuerdos.
La captura representa un nuevo golpe a la estructura institucional y plantea interrogantes sobre posibles infiltraciones de organizaciones criminales en sectores estratégicos de la Fuerza Pública. Sin embargo, las acusaciones deberán ser demostradas durante el proceso judicial y la responsabilidad penal del coronel tendrá que ser determinada por las autoridades competentes.
Pérez Amorocho quedó a disposición de la justicia, que deberá avanzar ahora en las audiencias correspondientes y definir su situación jurídica frente a los graves señalamientos formulados en su contra.
