Una nueva controversia pone bajo la lupa las actuaciones de la inteligencia estatal durante el gobierno de Gustavo Petro. Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reconoció que durante su administración se realizaron ofrecimientos de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de pagos a cambio de obtener información de integrantes de organizaciones armadas ilegales.
La revelación se conoce luego de que fueran divulgados audios relacionados con una reunión realizada en julio de 2025 en instalaciones de la DNI, encuentro en el que participó Manuel Antonio Castañeda, conocido como ‘Narcochofer’, quien habría actuado como intermediario de personas relacionadas con el Clan del Golfo.
Consultado sobre los ofrecimientos mencionados en las grabaciones, Lemus reconoció que este tipo de acercamientos se realizaban con el propósito de obtener información considerada de interés para los organismos de inteligencia.
“Esas citas siempre se dan y, obviamente, uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar; es esperando a que ellos den información, porque lo que nos interesa es la información”, explicó el exdirector de la DNI.
Sin embargo, Lemus también admitió que la administración de bienes pertenecientes a la SAE no estaba dentro de las competencias de la Dirección Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con los audios divulgados, durante la reunión surgieron reclamos relacionados con compromisos que, presuntamente, no se habrían cumplido. Frente a esa situación, el entonces director de la DNI habría planteado la posibilidad de gestionar el asunto ante la SAE.
Posteriormente, Lemus aseguró que finalmente no realizó ninguna gestión ante esa entidad y que tampoco se produjo la entrega de bienes a las personas involucradas en los acercamientos.
El episodio ha generado nuevas preguntas sobre los procedimientos utilizados por los organismos de inteligencia durante la política de ‘Paz Total’, particularmente frente a los contactos establecidos con integrantes o intermediarios de organizaciones armadas.
El caso ya se encuentra bajo investigación de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación había abierto una indagación contra Lemus y otros exfuncionarios del gobierno Petro por posibles irregularidades relacionadas con acercamientos al Clan del Golfo.
La Fiscalía General de la Nación también analiza los hechos para determinar si los ofrecimientos mencionados en las grabaciones podrían configurar algún tipo de conducta penal.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la utilización de bienes administrados por la SAE como eventual mecanismo de negociación. Estos activos tienen procedimientos y autoridades específicas para su administración, por lo que la admisión de Lemus plantea interrogantes sobre el alcance que tuvieron las gestiones realizadas desde la DNI.
La controversia también vuelve a poner en el centro del debate los límites de las operaciones de inteligencia cuando se busca obtener información de organizaciones criminales y grupos armados.
Ahora serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si los ofrecimientos mencionados correspondieron a estrategias habituales de obtención de información o si, por el contrario, se presentaron actuaciones que pudieron exceder las facultades legales de los funcionarios involucrados.
La investigación deberá determinar además si alguno de los compromisos mencionados en las grabaciones llegó a materializarse y si existieron funcionarios de otras entidades involucrados en las gestiones.
