De acuerdo con el reporte entregado por el Gobierno nacional, las acciones fueron dirigidas contra estructuras del ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comandos de Frontera.
Durante los operativos fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de aproximadamente 300 kilogramos y 220 galones de base de coca.
Según el balance oficial, el material incautado representaría alrededor de 7,7 millones de dosis de cocaína que no llegarían a los mercados ilegales.
Las autoridades estiman que el golpe a estas estructuras también habría generado una afectación económica de al menos 85 millones de dólares, teniendo en cuenta el valor que tendrían los cargamentos y los ingresos que las organizaciones criminales dejarían de recibir.
El Gobierno señaló que estas operaciones hacen parte de una estrategia dirigida a atacar no solamente la capacidad armada de los grupos ilegales, sino también las fuentes de financiación que sostienen sus actividades.
El objetivo es afectar la cadena completa del narcotráfico, desde la producción y procesamiento de la droga hasta su almacenamiento, transporte y posterior comercialización.
Putumayo y Norte de Santander son considerados territorios estratégicos para las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes debido a su ubicación geográfica y a las conexiones con corredores utilizados para movilizar droga hacia otras zonas del país y el exterior.
Desde el Gobierno destacaron que la destrucción e incautación de estos cargamentos representa una reducción de los recursos disponibles para la compra de armas, logística y demás elementos utilizados por las estructuras armadas ilegales.
“Sin cocaína no hay dinero. Sin dinero no hay armas ni terrorismo. Vamos a destruirles el negocio”, fue el mensaje entregado por el Gobierno tras conocerse los resultados de las operaciones.
Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones militares y policiales contra las organizaciones que obtienen recursos del narcotráfico y que las operaciones continuarán en las regiones donde se concentran los principales corredores de producción y transporte de estupefacientes.
El resultado se suma a la ofensiva que adelanta la Fuerza Pública contra las economías ilícitas que financian a grupos armados ilegales, con la meta de reducir su capacidad para sostener acciones violentas y ampliar su presencia territorial.
El Gobierno insistió en que la estrategia contempla perseguir las estructuras financieras y logísticas del narcotráfico, además de los integrantes que participan directamente en las actividades armadas de estas organizaciones.
