Una nueva controversia rodea a la Unidad Nacional de Protección (UNP) luego de que surgieran denuncias sobre una presunta solicitud de 200.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda con el objetivo de garantizar recursos para mantener vinculados a cientos de funcionarios y escoltas en provisionalidad antes del cambio de gobierno.
Según los señalamientos difundidos públicamente, la petición buscaría asegurar la continuidad de esos contratos en la entidad, lo que ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores sobre la oportunidad y el alcance de la medida en la recta final de la actual administración.
A estas denuncias se suman afirmaciones de organizaciones sindicales de la UNP, que aseguran que entre los funcionarios vinculados habría personas con pasado en el M-19 y exintegrantes de grupos guerrilleros. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que respalden esas afirmaciones ni existe un pronunciamiento oficial de la UNP o del Ministerio de Hacienda sobre estos señalamientos.
La información ha generado reacciones en distintos sectores políticos, que han solicitado claridad sobre la destinación de los recursos y los procesos de vinculación de personal dentro de la entidad encargada de brindar protección a líderes sociales, periodistas, funcionarios públicos y personas en riesgo.
Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de la Unidad Nacional de Protección y del Ministerio de Hacienda para esclarecer el alcance de la presunta solicitud presupuestal y responder a las denuncias que han comenzado a circular en el debate público.
