Gracias a la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Cartagena protegió los derechos del Consejo Comunitario Juana Pino Cogollo, de San Estanislao de Kostka (Bolívar), y ordenó reactivar el proceso de restitución de sus derechos territoriales, que había sido frenado por la exigencia de requisitos administrativos adicionales.
La actuación de la Procuraduría 16 Judicial II para la Restitución de Tierras de Cartagena se produjo luego de que un juzgado rechazara la solicitud presentada por el Consejo Comunitario, por lo que el Ministerio Público interpuso una acción de tutela al considerar que esa decisión vulneraba el derecho de la comunidad a acceder al mecanismo especial de restitución de tierras para comunidades étnicas, argumentos que fueron acogidos por el Tribunal Superior de Cartagena, que dejó sin efectos las decisiones adoptadas y ordenó dar continuidad al trámite de restitución.
Con este fallo, el Tribunal Superior de Cartagena acogió los argumentos expuestos por la delegada para la Restitución de Tierras y reiteró que los procesos de restitución étnico-territorial deben privilegiar la garantía de los derechos de las víctimas sobre las formalidades, por lo que ordenó admitir la solicitud presentada por el Consejo Comunitario y adelantar las actuaciones necesarias para obtener la información requerida, evitando que los trámites administrativos se conviertan en barreras para el acceso a la justicia.
