El cierre del mandato de Gustavo Petro deja al descubierto un complejo panorama en las finanzas públicas de Colombia. Tras años de cuestionar la herencia fiscal recibida en 2022, el gobierno saliente entregará a la administración de Abelardo de la Espriella un escenario con márgenes mínimos de maniobra y un endeudamiento sin precedentes.
Según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la deuda neta del país alcanzará un máximo histórico del 61% del PIB al cierre de 2026, consolidando un saldo que ya superaba los $1.169,9 billones. Durante la gestión de Petro, la deuda pública se incrementó en más de $364 billones, avanzando a un ritmo estimado por analistas de $286.000 millones diarios, impulsada principalmente por un aumento del 86% en el endeudamiento interno.
Las alarmas de las finanzas públicas
El deterioro del balance primario de la nación —que cerró 2025 como el peor de América Latina— obligó al Ministerio de Hacienda a financiarse en el mercado local bajo condiciones costosas, emitiendo títulos de deuda a tasas que rondan el 12,9%. Esta dinámica generará una millonaria factura en el corto plazo: en 2027, la Nación deberá destinar $98,1 billones únicamente para el pago de intereses de la deuda, lo que representa cerca de uno de cada tres pesos que se recauden por impuestos.
Este debilitamiento de los indicadores macroeconómicos provocó que la agencia calificadora Standard & Poor’s degradara la nota crediticia de Colombia a BB-, un nivel de riesgo soberano que el país no registraba desde 1993 y que lo equipara a economías como las de Turquía o Mongolia.
Métricas clave del panorama fiscal colombiano (Proyecciones 2026 - 2027)
├── Deuda neta sobre el PIB: 61% (Máximo histórico)
├── Costo exclusivo de intereses (2027): $98,1 billones (4,6% del PIB)
├── Déficit primario proyectado: -4,1% del PIB
└── Calificación de riesgo (S&P): BB- (Terreno especulativo)
Un recaudo tributario que no cumplió las expectativas
Uno de los principales detonantes de la brecha fiscal radicó en el comportamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), cuyas metas de recaudo sufrieron descalces sistemáticos. Aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo corrigió las metas a la baja, el recaudo real de $138,17 billones dejó un faltante de $32 billones frente a las proyecciones iniciales.
Mientras los ingresos tributarios se mantuvieron estancados en torno al 16,1% del PIB entre 2022 y 2025, el gasto estatal trepó al 21,1%, abriendo una brecha operativa insostenible de cinco puntos porcentuales.
A esto se sumó un desbalance en la ejecución del gasto público. De acuerdo con analistas económicos, el gasto de funcionamiento absorbió la mayor parte de las apropiaciones: el empleo público en la Rama Ejecutiva se expandió un 20% desde 2022, y los contratos por prestación de servicios demandaron cerca de $14 billones anuales. En contraste, los recursos destinados a la formación bruta de capital fijo y la inversión en infraestructura se mantuvieron rezagados.
El desafío inmediato para 2027
La concentración de vencimientos de deuda a comienzos de 2027 obligará al gobierno entrante a reaccionar en sus primeras semanas de gestión. Expertos en hacienda pública señalan que se requerirá un ajuste fiscal de entre $60 y $100 billones distribuido en los próximos cuatro años.
La hoja de ruta planteada por los equipos económicos entrantes incluye:
Un plan de choque para el reperfilamiento y canje de la deuda con organismos multilaterales, buscando sustituir títulos caros por obligaciones con menores tasas.
Una reforma tributaria de formalización orientada a ampliar la base de contribuyentes —donde hoy cerca de 7 millones de personas aptas no tributan— sin asfixiar la tarifa corporativa.
Una reducción drástica del gasto de funcionamiento, eliminando duplicidades administrativas y revisando la focalización de subsidios como los de energía y combustibles, que acumularon déficits superiores a los $50 billones.
Así las cosas, el documento del Carf “El desequilibrio y la sostenibilidad fiscal” advierte que el gasto estaría subestimado y que la deuda neta llegaría a 61% del PIB en 2026, el máximo de la historia, con un déficit primario de -4,1% del PIB, de los más altos del siglo. Para 2030, el Carf proyecta que la deuda neta podría subir a 64,2% del PIB. El mismo documento calcula que en 2027 Colombia pagaría $98,1 billones solo en intereses, 4,6% del PIB, cerca de uno de cada tres pesos del recaudo de ese año. Colombia, según ese análisis, terminó 2025 con el peor balance primario de América Latina.
¿Qué le espera al próximo gobierno?
Amorocho calcula que el ajuste fiscal necesario, resultado de la brecha entre el 16,1% del PIB de ingresos y el 21,1% de gastos, debe ubicarse entre $60 billones y $100 billones. Plantea una fórmula mixta, una reforma tributaria que no suba tarifas sino que busque formalización y sostenga o incluso baje la tasa de renta empresarial, combinada con una reducción del gasto que revise funciones y procesos duplicados en entidades del Estado.
A esa fórmula se suma la idea del presidente electo y el ministro de Hacienda designado de reperfilar la deuda para generar ahorros. Amorocho propone una trayectoria de ajuste distribuida en cuatro años: $20 billones en lo que resta de 2026, $40 billones en 2027, $20 billones en 2028 y $20 billones en 2029, con el fin de dar sostenibilidad a las finanzas públicas sin comprometer el crecimiento económico ni la política social.
Machado insiste en que la extrema concentración de vencimientos a inicios de 2027 deja al nuevo gobierno solo semanas para estructurar financiamiento coordinado con multilaterales y ejecutar un canje de deuda.
Montañez-Herrera resume el legado en tres factores combinados: una deuda elevada, déficits fiscales persistentes y un costo creciente por intereses, una mezcla que reduce el margen de maniobra del próximo gobierno y hace más exigente el proceso de consolidación fiscal.
¿A cuánto asciende la deuda pública de Colombia actualmente?
- Al cierre de 2026, la deuda pública neta de Colombia alcanzará un nivel récord del 61% del PIB, con un saldo que supera los $1.169,9 billones de pesos. Esto representa un incremento de $364,9 billones desde agosto de 2022.
- ¿Por qué aumentó la deuda pública de Colombia durante el Gobierno Petro?
- El incremento se debió al deterioro del balance primario, fallas sistemáticas en las metas de recaudo tributario de la Dian y un aumento del gasto de funcionamiento estatal, sumado a la necesidad de emitir nuevos bonos a tasas de interés más altas.
- ¿Cómo afectará la deuda pública el presupuesto y los impuestos en Colombia?
- Para estabilizar las finanzas, los analistas prevén un ajuste fiscal de entre $60 y $100 billones. El próximo gobierno implementaría una reforma tributaria enfocada en la formalización de contribuyentes y un recorte drástico en los gastos de funcionamiento del Estado.
- ¿Qué pasará con la economía colombiana en 2027 por el pago de intereses?
- En 2027, el país destinará $98,1 billones solo a pagar intereses de deuda, equivalente a uno de cada tres pesos recaudados. Esto reducirá severamente el presupuesto para inversión social, infraestructura y educación, obligando a un urgente reperfilamiento de vencimientos.
