El Senado de Estados Unidos bloqueó una partida presupuestal de 400 millones de dólares que podría haber sido utilizada para financiar el polémico salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
La decisión representa un revés político para Trump, quien ha defendido la construcción del proyecto como una de las obras más importantes de su mandato y parte de su legado presidencial.
Los republicanos habían solicitado los recursos argumentando necesidades relacionadas con seguridad presidencial, especialmente tras el intento de atentado ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Sin embargo, legisladores demócratas cuestionaron el verdadero destino de los fondos.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que su bancada frenó el intento republicano de utilizar dinero público para la construcción del salón de baile.
“Los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes pagaran el salón de baile multimillonario de Trump. Los demócratas del Senado contraatacaron y frustraron su primer intento”, afirmó Schumer tras conocerse la decisión.
El senador también advirtió que continuarán oponiéndose a cualquier iniciativa que implique el uso de recursos federales para financiar el proyecto.
“El contraste no podría ser más claro: los demócratas luchan por las familias estadounidenses; los republicanos luchan por Trump”, agregó.
La construcción del salón de baile ha estado rodeada de controversia desde su anuncio. Entre las principales críticas se encuentran la demolición del ala este de la Casa Blanca sin los permisos correspondientes, además de cuestionamientos relacionados con el diseño arquitectónico y el tamaño de la obra, considerablemente mayor al resto del complejo presidencial.
Pese al bloqueo de los recursos, Trump ha insistido en que la construcción avanzará gracias al respaldo de donantes privados.
El mandatario aseguró recientemente que la inauguración del salón está prevista para septiembre de 2028 y afirmó que será “la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”.
El debate sobre el proyecto continúa generando divisiones políticas en Washington, especialmente por el uso de fondos públicos y las prioridades presupuestales del Gobierno estadounidense.
