Un nuevo pulso se abre entre el Gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que el grupo armado propusiera un eventual “canje humanitario” para la liberación de cuatro personas que mantiene en su poder: dos funcionarios del CTI y dos miembros de la Policía.
La propuesta fue difundida a través de un video del Frente de Guerra Oriental, en el que el ELN asegura haber sometido a los secuestrados a un supuesto “juicio” interno. Según su versión, decidieron no aplicar una pena de muerte, sino mantenerlos en lo que denominan “prisión revolucionaria”.
En ese contexto, la organización insurgente dejó abierta la posibilidad de negociar su liberación a cambio de personas detenidas u otras condiciones, aunque sin precisar detalles sobre los términos de ese eventual acuerdo.
Gobierno rechaza condiciones
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente cualquier intento de negociación bajo presión y exigió la liberación inmediata de los secuestrados.
“El delito de secuestro tiene penas de hasta 40 años de prisión. Exigimos que el ELN libere a todos los colombianos que mantiene en cautiverio”, afirmó el funcionario, quien además advirtió que ningún grupo armado puede atribuirse funciones judiciales.
Defensoría deslegitima “juicio” insurgente
Por su parte, la Defensoría del Pueblo cuestionó duramente el supuesto proceso judicial realizado por la guerrilla, señalando que este tipo de prácticas no tiene ninguna validez legal ni justifica la privación de la libertad.
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La entidad hizo un llamado a reforzar las acciones institucionales que permitan lograr la liberación de las víctimas y brindar acompañamiento a sus familias, quienes continúan a la espera de noticias.
“El hecho de que se realice una especie de juicio no legitima esta situación”, reiteró la defensora del Pueblo.
Crece la preocupación
Este caso vuelve a poner en el centro del debate el uso del secuestro por parte de grupos armados ilegales en Colombia, una práctica que sigue generando rechazo nacional e internacional.
Organismos de control y autoridades coincidieron en que la prioridad debe ser la protección de los derechos humanos y la liberación sin condiciones de las personas retenidas, en medio de un contexto donde el conflicto sigue afectando a varias regiones del país.
