Un informe final de supervisión e interventoría reveló serias irregularidades en la ejecución del contrato entre la Cancillería y el operador Aldesarrollo para la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), proyecto que no habría cumplido sus objetivos pese a millonarios desembolsos.
Según el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores habría girado $3.109 millones —equivalentes al 30% del valor total del convenio— sin que el contratista cumpliera con los requisitos técnicos y de calidad exigidos, situación que fue advertida por el propio supervisor del contrato en su informe final.
El contrato, firmado en octubre de 2024 por un valor superior a $10.300 millones, buscaba actualizar los sistemas digitales de trámites como pasaportes, visas, nacionalidad y otros servicios consulares. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, las metas previstas no se habrían alcanzado y el desarrollo del proyecto presentó retrasos y fallas desde sus primeras etapas.
El informe señala que, pese a advertencias sobre incumplimientos, el proceso fue prorrogado en dos ocasiones, extendiendo los plazos hasta agosto de 2025 sin que se lograran resultados funcionales en la plataforma. Entre los principales problemas se mencionan fallas en el agendamiento de citas, errores en validación de datos y ausencia de una versión estable del sistema.
Asimismo, se indica que las pruebas piloto realizadas con distintos consulados no fueron satisfactorias, lo que evidenciaría que el sistema nunca alcanzó un nivel operativo adecuado para su puesta en funcionamiento.
Otro de los puntos críticos del informe hace referencia a la supuesta implementación de una infraestructura tecnológica “robusta y segura” que, según la supervisión, no habría cumplido con los estándares requeridos, obligando a la Cancillería a utilizar soluciones temporales para no interrumpir los servicios al ciudadano.
El documento también advierte cambios frecuentes en el equipo de trabajo del contratista, lo que habría generado retrasos adicionales y reprocesos en la ejecución del proyecto.
Ante el incumplimiento generalizado de las obligaciones contractuales, el supervisor calificó el desempeño del contratista como fallido, señalando inconsistencias en los productos entregados y falta de alineación con los objetivos pactados.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y control en proyectos tecnológicos del Estado, mientras las autoridades evalúan posibles acciones sancionatorias y la eventual recuperación de los recursos desembolsados.
Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento detallado de la Cancillería sobre las conclusiones del informe final ni sobre el estado del proceso administrativo relacionado con el contrato.
