– Comisión del Ministerio Público realizó seguimiento a la atención brindada a las comunidades por parte de las entidades encargadas de esa función.
– Se realizó un recorrido por los municipios de Canalete, Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo.
La Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus funciones de vigilancia preventiva, protección de los derechos de las infancia, mujer y la gobernanza territorial, hizo un recorrido por distintos municipios de Córdoba con el fin de verificar el estado de los albergues y corroborar la atención brindada a las personas afectadas por parte de las entidades del gobierno, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; de Igualdad y Equidad; de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministerio Educación Nacional, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.
El recorrido se desarrolló con ocasión de la emergencia invernal que ha afectado gravemente al departamento y generado impactos sociales, ambientales y económicos de gran magnitud, con familias damnificadas, territorios inundados y afectaciones en infraestructura educativa y productiva.
En el municipio de Canalete, las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer y para la Gestión y la Gobernanza Territorial (e) de la Procuraduría, visitaron varios albergues y conocieron el censo actual, donde se cuentan más de 14 mil damnificados, 273 viviendas totalmente destruidas, más de 1.400 casas averiadas y otras 700 no habitables.
“El caso de Canalete es diferente a los demás municipios afectados en Córdoba, porque hubo una avalancha que arrasó los barrios Berlín y Villa Olímpica, y dejó incomunicado el corregimiento de Popayán”, explicó la delegada María Fernanda Rangel Esparza durante el recorrido realizado.
La comisión de la Procuraduría visitó también los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo, con acompañamiento de los procuradores regionales y provinciales de Córdoba y Sucre.
Además, en Montería, según cifras reportadas por las autoridades municipales, la emergencia invernal dejó 14.752 familias afectadas, cifra que equivalente a 43.511 personas damnificadas, y 39.000 hectáreas productivas totalmente destruidas.
Con este recorrido, el Ministerio Público busca garantizar que los refugios cumplan con las condiciones necesarias para la protección integral de la población en especial de la Infancia, verificando aspectos de infraestructura, atención psicosocial, acceso a servicios básicos y acompañamiento institucional.
La Procuraduría reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los menores de edad y con la vigilancia activa de las entidades responsables de su cuidado y protección.
