Durante el Foro ‘La paradoja de las regalías’, organizado por la Contraloría General de la República, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado urgente a establecer ‘diálogos para construir consensos’ que permitan reformar el Sistema General de Regalías -SGR-.
El Jefe del Ministerio Público enfatizó que el país no puede renunciar al aprovechamiento del recurso minero, pero subrayó que cualquier modificación debe integrar de forma equilibrada el desarrollo regional, la adaptación al cambio climático y una transición energética responsable que proteja las finanzas públicas.
Reveló que la entidad mantiene una vigilancia activa sobre 880 proyectos de inversión con dineros de regalías, por un monto de 13,7 billones de pesos, en los que se han detectado fallas críticas en la ejecución de esos recursos.
Agregó que, en el ejercicio de la función disciplinaria sobre los recursos de las regalías, en el Nivel Central de la Procuraduría se conocen 494 casos, que han derivado en la formulación de 36 pliegos de cargos que involucran a 72 servidores públicos y particulares.
Eljach Pacheco denunció que el año anterior se identificó que de 1.448 proyectos de inversión del SGR, ejecutados por fondos mixtos a nivel nacional, 301, por un valor de 1 billón de pesos, se encontraban con el cero por ciento de ejecución.
Futuro energético
En cuanto al futuro energético, el Procurador General señaló que los recursos de las regalías deben convertirse en una fuente importante de apalancamiento de la transición energética. Y agregó que con un presupuesto para el bienio 2025 – 2026 de 30,9 billones de pesos, “parte de esos recursos pueden ser fundamentales en la financiación de proyectos de inversión de energía renovable, reforestación, ecoturismo, electrificación rural con energía solar, protección de cuencas hidrográficas”, entre muchos otros.
Para el Procurador, el éxito de estos proyectos no solo depende del dinero, sino de un cambio de actitud en los funcionarios públicos para garantizar que la inversión llegue realmente a las comunidades.
Instó a implementar medidas que impulsen la competitividad y brinden estabilidad a los inversores. “No podemos renunciar al desarrollo de la industria minero-energética responsable en tiempo donde las finanzas del país están tan ajustadas y las necesidades apremian”, sostuvo, tras indicar que este sector de la economía genera cerca de 250 mil empleos directos y más de 900 mil indirectos.
Insistió en la necesidad de construir confianza entre el Gobierno, las regiones y el sector privado. Propuso propiciar espacios de diálogo técnico y político para blindar la protección de las finanzas territoriales frente a la volatilidad del mercado. Y concluyó señalando que “Colombia debe adelantar una transición energética confiable y eficiente. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir los costos de no prepararnos para un mundo sin carbón y sin petróleo, y dejar innecesariamente enterradas las regalías”.
