La tragedia que cobró la vida de seis personas en una mina del municipio de Guachetá no ocurrió en un yacimiento legal. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM), que reveló que en el lugar se realizaban actividades de extracción ilícita.
“El título minero lo habíamos caducado en mayo de 2019”, aseguró Jimmy Soto, vicepresidente de la ANM, al referirse a la mina donde se registró el fatal accidente.
La declaración pone en evidencia que, pese a la pérdida de vigencia del título hace casi siete años, en el sitio continuaban labores mineras por fuera de la legalidad, sin controles técnicos ni condiciones de seguridad.
El caso vuelve a encender las alarmas sobre la minería ilegal en el país, una práctica que persiste en territorios donde el cierre administrativo no siempre se traduce en un cierre real, y donde el riesgo termina cobrándose vidas humanas.
Mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades, seis muertes vuelven a dejar claro que la minería ilícita no solo evade al Estado: también entierra a quienes trabajan en ella.
