En las últimas horas se conoció que el alto comisionado de Paz, Otty Patiño Hormaza, visitará Barranquilla para sostener una reunión de trabajo con el alcalde Alejandro Char y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, con el fin de analizar la situación de violencia que enfrenta la ciudad y su área metropolitana.
El encuentro estará centrado en el impacto que ha generado el traslado de reconocidos cabecillas de estructuras criminales a cárceles de la capital del Atlántico, medida que ha sido objeto de controversia por sus posibles efectos en el orden público y la seguridad ciudadana.
De acuerdo con fuentes de alta credibilidad, entre los reclusos que serían trasladados figuran Digno Palomino, señalado jefe del grupo delincuencial ‘Los Pepes’; Jorge Eliecer Díaz, cabecilla de ‘Los Costeños’; alias ‘El Negro Ober’, de ‘Los Rastrojos’, además de otros 34 integrantes de estas organizaciones que permanecen recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad en distintas regiones del país.
Petro ha señalado en reiteradas ocasiones que, tras los acuerdos impulsados por su gobierno con estas estructuras ilegales, los homicidios y los casos de extorsión en Barranquilla y el Atlántico se habrían reducido en un 50%. No obstante, el alcalde Alejandro Char ha enfatizado que la disminución de estos delitos también responde a las estrategias de seguridad implementadas por la administración distrital.
Pese a estas afirmaciones, las cifras recientes generan preocupación. Durante los primeros 15 días de enero se reportaron al menos 15 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, evidenciando un recrudecimiento de la violencia. A esto se suma la persistencia del delito de extorsión, que continúa afectando gravemente al comercio formal e informal del departamento.
En sectores como el barrio Chiquinquirá, comerciantes han reportado el cierre de cerca del 95% de tiendas y negocios por temor a represalias criminales. Tiendas, ferreterías, misceláneas, estaderos y verdulerías se han visto obligadas a suspender actividades ante las constantes amenazas, un panorama que mantiene en alerta a las autoridades locales y a la ciudadanía.
La reunión entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales buscará definir acciones conjuntas para enfrentar esta problemática y evitar que la situación de inseguridad siga escalando en Barranquilla y el Atlántico.
