El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca anular el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó un incremento del 23% al salario mínimo para 2026.
La acción judicial cuestiona los criterios utilizados por el Ejecutivo para establecer el aumento, y será ahora el alto tribunal el encargado de analizar los argumentos presentados por los demandantes antes de emitir una decisión sobre la procedencia de la medida.
