La madrugada del sábado marcó un punto de quiebre no solo para el poder político en Venezuela, sino también para el entramado criminal que durante años encontró refugio, movilidad y protección al otro lado de la frontera. La captura de Nicolás Maduro, tras la incursión armada de Estados Unidos en Caracas, activó de inmediato alertas de inteligencia en Colombia ante lo que hoy se perfila como un éxodo de cabecillas criminales que, hasta hace pocas semanas, delinquían con relativa tranquilidad desde territorio venezolano.
Información de inteligencia militar advierte que peligrosos jefes de estructuras armadas ilegales comenzaron a evaluar rutas, contactos y condiciones para regresar a Colombia, en un movimiento defensivo provocado por el despliegue inusitado de tropas, aeronaves y portaviones estadounidenses en el Caribe. Ese despliegue, que antecedió a la operación en Caracas, fue interpretado por los grupos armados como una amenaza directa a su histórica retaguardia en Venezuela.
Durante años, cabecillas del Frente de Guerra Oriental, el Frente Nororiental y miembros del Comando Central (Coce) del ELN gozaron de privilegios, libertad de movimiento y comodidades en el vecino país. Hoy, ese escenario cambió abruptamente. La llegada de fuerzas especiales de Estados Unidos, con capacidades tecnológicas y de inteligencia de alto nivel, los obligó a replantear su permanencia en un territorio que dejó de ser seguro.
En ese contexto, las autoridades lograron identificar movimientos de figuras clave como alias ‘Silvana Guerrero’ y alias ‘Ricardo’, quienes estarían “flotando” entre Venezuela y la región del Catatumbo, intentando mantener el control de sus redes criminales mientras evitan quedar expuestos. A ellos se suman alias ‘Parmenio’ y alias ‘Caballo de Guerra’, integrantes de la misma estructura, que habrían iniciado desplazamientos similares hacia zonas fronterizas colombianas.
El Frente de Guerra Oriental, uno de los más poderosos y violentos del ELN, también estaría replegando a sus principales jefes. Entre ellos figuran alias ‘Pablito’, por quien se ofrece una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos, y alias ‘Cendales’. Ambos habrían cruzado nuevamente a Colombia con el objetivo de reorganizar sus estructuras logísticas y armadas, en medio de una disputa feroz con disidencias de las Farc por el control ilegal del territorio en departamentos estratégicos como Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá.
Desde el Coce del ELN, los informes de inteligencia señalan movimientos asociados a Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, otro objetivo de alto valor por quien las autoridades ofrecen hasta 4.378 millones de pesos. Su eventual salida de Venezuela representaría un golpe simbólico y operativo para una organización que encontró durante años en ese país su principal santuario político y militar.
Con menores márgenes de maniobra aparecen los cabecillas de la autodenominada Segunda Marquetalia. Aunque su arraigo en Venezuela sería más limitado, con menos territorio, menores comodidades y seguridad reducida, allí permanecerían alias ‘Iván Márquez’, también con una recompensa de 4.378 millones de pesos, y Géner García Molina, conocido como Francisco Javier Builes o John 40. Para ellos, el escenario es aún más complejo: regresar a Colombia implica quedar expuestos, pero quedarse supone enfrentar un entorno cada vez más hostil e impredecible.
Este retorno forzado tiene un costo claro para los jefes criminales: perder los lujos, la protección y la relativa invisibilidad que les ofrecía Venezuela. En Colombia, en cambio, los espera un aparato militar y de inteligencia en máxima alerta, con operaciones ya en preparación contra estos objetivos de alto valor estratégico. Las autoridades saben que se trata de un momento crítico para golpear estructuras debilitadas y en reacomodo.
Conscientes de ese riesgo, los cabecillas no descartarían una jugada política. Fuentes de inteligencia advierten que algunos podrían intentar acercamientos con el Gobierno Nacional para abrir diálogos exploratorios de paz, aprovechando los poco más de siete meses que le restan a la actual administración. En ese eventual escenario, buscarían exigir ceses al fuego bilaterales que les permitan oxigenarse, reorganizarse y establecer campamentos en sus zonas de influencia criminal.
La caída del régimen venezolano no solo sacudió el tablero geopolítico regional: también desmanteló, de golpe, el principal refugio de las economías criminales transnacionales. Hoy, la frontera colombo-venezolana vuelve a convertirse en un corredor de riesgo, no por la salida de civiles, sino por el retorno de algunos de los hombres más buscados del país, acorralados, expuestos y cada vez con menos dónde esconderse.
