Aunque los usuarios de Air-e celebran la reducción del kilovatio hora, la compañía continúa sumida en una profunda crisis financiera. Durante 2025, bajo la intervención del Gobierno, el precio del kilovatio bajó de $1.200 a $795, pero la deuda acumulada de la empresa alcanzó los $2,7 billones: $1,6 billones con generadoras eléctricas y $1,1 billones con térmicas.
Expertos aseguran que la situación es crítica. Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, calificó el balance como “lamentable” y señaló que la empresa mantiene riesgo de colapso por falta de respaldo estatal.
Desde la intervención, Air-e ha sufrido un desfile de agentes interventores, con cambios constantes que han dificultado la estabilidad administrativa. Además, el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, está bajo indagación por presuntos sobrecostos en contratos durante su periodo como interventor.
Pese al caos administrativo, hay dos noticias positivas para los usuarios: la reducción del precio del kilovatio y la compra del 81% de la energía de 2026, garantizando el suministro a sus 1,3 millones de clientes. Sin embargo, problemas estructurales como la deuda millonaria y la falta de apoyo estatal mantienen a la empresa al borde de la liquidación.
