Un fuerte escándalo sacude nuevamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Sincelejo. Cinco dragoneantes adscritos a la cárcel La Vega fueron capturados y judicializados por su presunta participación en hechos de abuso sexual y abuso de autoridad contra una interna, ocurridos en 2019.
Los funcionarios vinculados al caso fueron identificados como Jany Prasca Meza, Juan Benítez Bohórquez, Luz Acosta Romero, Juan Salazar Solano y Alexandra Chartuni Barrios, todos con más de una década de servicio en la institución.
La Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Los hechos: una requisa que derivó en denuncias
De acuerdo con la investigación, el caso se originó durante una requisa de rutina en el interior del penal. El detector de metales se activó mientras revisaban a la reclusa, y posteriormente se verificó que la mujer tenía oculto un teléfono celular en sus partes íntimas.
Ante la presión del hallazgo, la interna terminó entregando el dispositivo por decisión propia. Ese mismo día fue entrevistada por personal de Policía Judicial y manifestó que no interpondría denuncia. Sin embargo, un mes después presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría, asegurando que fue sometida a tocamientos indebidos para obligarla a entregar el teléfono.
Hechos habrían ocurrido en tres municipios
La Fiscalía estableció que parte de los actos investigados sucedieron dentro de la cárcel La Vega mientras los funcionarios estaban en servicio. Otros eventos relacionados habrían ocurrido en zonas de Corozal y Barranquilla (Atlántico).
Entre los procesados figura un dragoneante que para la fecha de los hechos fungía como comandante de guardia, así como otro funcionario que es esposo de una de las también señaladas.
Avanzan las audiencias
La mañana de este jueves inició la audiencia de legalización de captura, paso previo para definir las medidas judiciales que enfrentarán los cinco funcionarios. Las autoridades buscan establecer si, como asegura la víctima, los uniformados habrían aprovechado su posición de poder y la condición de reclusión de la mujer para cometer los actos denunciados.
El proceso continúa en desarrollo y en las próximas horas se esperan decisiones sobre las medidas de aseguramiento.
