La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció nuevas imputaciones dentro del macrocaso de los denominados ‘falsos positivos’, esta vez contra 30 miembros del Ejército, incluidos tres generales retirados, por su presunta participación en un plan criminal que presentó 209 homicidios de civiles como bajas en combate en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.
Según el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), al menos 65 de estos crímenes estuvieron acompañados de desapariciones forzadas y se documentó un caso de tentativa de homicidio. La investigación corresponde al ‘Subcaso Meta’, considerado uno de los capítulos más graves dentro del expediente nacional sobre ejecuciones extrajudiciales.
Los señalados como máximos responsables, por omisión en su deber de mando, son el brigadier general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán y el brigadier general Francisco José Ardila Uribe, quienes se desempeñaron como comandantes de la Séptima Brigada durante los años en los que ocurrieron los crímenes.
La Sala de Reconocimiento concluyó que los oficiales tenían las herramientas para impedir la victimización de civiles y ejercer control efectivo sobre sus tropas, pero no lo hicieron, lo que permitió la consolidación de los patrones criminales ya documentados por la justicia transicional.
