La comunidad educativa del Atlántico y la región Caribe se reunió para debatir el proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30, reemplazando el IPC por el Índice de Costos Educativos del DANE para garantizar una financiación más estable y suficiente de la educación superior pública.
En el municipio de Puerto Colombia se llevó a cabo la tercera Audiencia Pública de socialización del proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, iniciativa que pretende cambiar el mecanismo de incremento presupuestal de las universidades públicas, con el fin de garantizar mayores recursos para su funcionamiento y expansión.
La jornada tuvo lugar en la Institución Educativa Francisco Javier Cisnero y contó con la participación de estudiantes, docentes, directivos, líderes sociales y autoridades del sector educativo del Atlántico y la región Caribe.
El senador Pedro Flórez, promotor del espacio, explicó que actualmente la Ley 30 establece que los presupuestos de las universidades se incrementan con base en el IPC, un indicador que —según diversos estudios— no refleja las necesidades reales de estas instituciones.
“La educación pública superior en nuestro país necesita urgentemente fuentes de financiación más importantes, más estables y más sostenibles para que nuestras universidades puedan cumplir su misión de ampliar la cobertura y garantizar el acceso a todos los jóvenes”, afirmó Flórez.
El legislador detalló que la propuesta de reforma plantea reemplazar el IPC como referencia por el Índice de Costos Educativos de la Educación Superior, desarrollado por el DANE, el cual estaría alineado con la realidad presupuestal de las universidades.
“Este es el tercer intento que se hace en el Congreso de reformar parcialmente la Ley 30. Lo que se requiere es una reforma integral, pero debemos ir paso a paso, construyendo consensos para lograr transformaciones que impacten a nuestros jóvenes y a la educación del país”, agregó.
Durante el encuentro, el ministro de Educación, Daniel Rojas, respaldó la iniciativa y destacó el compromiso del Gobierno con la financiación de la educación superior.
“Hemos incrementado los recursos a la universidad pública en el IPC más 27 puntos adicionales, y por primera vez las instituciones técnicas y tecnológicas también tendrán mayor presupuesto en la ley. La educación superior pública no es un servicio, es un derecho que se garantiza”, subrayó Rojas.
La audiencia concluyó con el compromiso de los asistentes de seguir impulsando el debate en el Congreso y en las regiones, para que la reforma avance en su segundo debate y se convierta en ley, consolidando un nuevo modelo de financiación que fortalezca la educación superior pública en Colombia.
