Lo que empezó como un acto político con aires de celebración popular podría terminar como una pesadilla judicial para la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico. El Consejo de Estado decidió admitir una demanda de pérdida de investidura en su contra, derivada del ya polémico “tarimazo” en Medellín, donde compartió escenario con el presidente Gustavo Petro y, llamativamente, con algunos cabecillas de bandas criminales.El abogado William Quintero Villarreal, autor de la acción legal, asegura que la congresista incurrió en tráfico de influencias y extralimitación de funciones, al gestionar presuntamente el traslado de presos a la capital antioqueña con el propósito de facilitar su participación en el evento político.
🚨¿Isabel Zuleta perderá su investidura como congresista por el “tarimazo” en Medellín?El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura que podría dejarla por fuera del Congreso y de la política. El abogado William Quintero Villarreal, quien interpuso la… pic.twitter.com/vEa7JoAtED
En palabras de Quintero, se trató de un uso indebido de su investidura como senadora para obtener ventajas políticas, tanto en favor propio como para el presidente Petro, en un acto que rebasó la simple militancia ideológica.Aunque la defensa de Zuleta ha insistido en que su actuación fue dentro del marco legal y en el ejercicio de su función como mediadora en procesos de paz urbana, la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado marca el inicio de un proceso judicial que podría desembocar en su salida del Congreso.La senadora, conocida por su discurso frontal y su activismo en defensa de causas sociales, enfrenta ahora el mayor reto político de su carrera: demostrar que sus actos en La Alpujarra no violaron la ley ni comprometieron la ética pública.Mientras tanto, el caso se convierte en otro capítulo de tensión entre el oficialismo y los sectores críticos, donde los límites entre lo político y lo judicial parecen cada vez más difusos.
