El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, radicado por el ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, ante el Congreso de la República, ha desatado una oleada de críticas por parte de sectores políticos y expertos en economía. La propuesta asciende a $557 billones, de los cuales $26,3 billones son recursos contingentes que dependen de la aprobación de una nueva ley de financiamiento, que el Gobierno planea presentar en agosto.
El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) calificó el presupuesto como “desfinanciado”, cuestionando cómo el Gobierno espera ejecutar un monto superior al de años anteriores, cuando ya tuvo dificultades para cubrir presupuestos menores. “En Colombia no puede seguir haciendo carrera que el Ejecutivo proponga montos que no se corresponden con la realidad”, aseguró.
A su vez, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue más contundente, al considerar el proyecto como “pésimo” por el crecimiento excesivo en gastos de funcionamiento y burocracia, en detrimento de la inversión productiva y social. “La burocracia crece al 40% y la inversión real cae frente a 2022. Además, está desfinanciado en $26 billones”, advirtió.
Desde el Congreso, el senador Enrique Cabrales (Centro Democrático), presidente de la Comisión Cuarta, aseguró que se trata del presupuesto “más alto de la historia, pero también el más inviable, irresponsable e insostenible”, alertando sobre los efectos negativos de una reforma tributaria necesaria para cubrir el déficit.
En contraste, el representante David Racero, cercano al Gobierno, destacó que el presupuesto incluye aumentos en inversión social, reducción del servicio de la deuda en un 9%, y alzas en sectores como inclusión social (71%), defensa y policía (48%), y ciencia y tecnología (31%). “La economía sigue creciendo, y 1,2 millones salieron de la pobreza. La ley de financiamiento complementará el presupuesto para generar más equidad”, afirmó.
El Ministerio de Hacienda explicó que el monto del PGN 2026 baja del 29% al 28,9% del PIB, e incluye $88,8 billones en inversión pública, un incremento frente al 2025. También se justificó la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, argumentando que un ajuste abrupto podría afectar el crecimiento, el empleo y la calidad de vida.
El debate en las comisiones económicas del Congreso será decisivo para definir el futuro del presupuesto, que, con la presión de una eventual reforma tributaria, marca una nueva controversia en el modelo fiscal del Gobierno Petro.
