Sandra Liliana Heredia Aranda, la jueza que puso en jaque jurídico al expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo carga ahora con una decisión histórica, sino también con el peso de su seguridad personal. La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó este lunes que se encuentra analizando un posible refuerzo en el esquema que ya protege a la jueza 44 Penal del Circuito, ante “hechos sobrevinientes” que encendieron las alertas.
La magistrada, beneficiaria del programa de protección desde febrero de este año, ha sido blanco de atención –y tensión– luego de declarar culpable al exmandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo no solo reconfiguró el tablero político, sino que también elevó el tono del debate público y, aparentemente, los niveles de riesgo para la jueza.
Aunque la UNP no ha detallado cuáles son los nuevos elementos que motivan esta revisión, sí aclaró que la evaluación se está realizando en conjunto con la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Mientras tanto, la entidad reitera que sigue los protocolos al pie de la letra.
Con un país polarizado y el proceso judicial aún abierto a recursos, el caso Uribe no solo sigue sacudiendo la justicia, sino también los protocolos de seguridad del Estado.
