El reloj marcaba un domingo más en Arauca, uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Pero el pasado 20 de julio, la rutina fue rota por una noticia que volvió a encender las alarmas: dos policías de la Dijín fueron secuestrados en la vía entre Tame y la capital departamental. El responsable, según las autoridades, es claro: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En respuesta, el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Triana, aterrizó en la región con un mensaje directo y sin rodeos:
“Hago responsable al ELN por la vida y la integridad de nuestros policías. Este delito será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
La institución calificó el secuestro como un acto “vil y criminal” y explicó que los dos uniformados, el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, estaban en el terreno realizando labores de investigación sobre homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz.
El grupo guerrillero, por su parte, confirmó la retención de los policías en un comunicado. Alegaron que fue una “acción de control territorial” y acusaron a los agentes de realizar tareas de inteligencia. El ELN afirmó que ambos están “sanos y salvos”, pero lanzó una advertencia: si la fuerza pública intenta rescatarlos, ellos serán responsables de las consecuencias.
La tensión crece en medio de un proceso de paz que aún no logra consolidarse y que, con hechos como este, parece tambalear en las regiones más vulnerables. Mientras tanto, las familias de los uniformados esperan, la sociedad exige respuestas y el país vuelve a mirar a Arauca con preocupación y dolor.
