La empresa Keralty, controladora de EPS Sanitas, afirmó que no tiene intención de abandonar sus operaciones en Colombia, a pesar de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la compañía de realizar donaciones políticas y sugirió que debía irse del país.
Juan David Riveros, abogado de Keralty, explicó que la empresa interpuso dos acciones penales, una en la Cámara de Representantes contra el presidente por injuria, calumnia y discriminación, y otra ante la Fiscalía contra el ministro de Salud por injuria y calumnia. Además, analizan presentar tutelas y quejas ante sistemas internacionales de derechos humanos.
Riveros detalló que las declaraciones del mandatario han afectado económicamente a la compañía, por lo que iniciaron un proceso ante el Tribunal Internacional en el marco del Tratado de Protección Bilateral de Inversión entre Colombia y España, para solicitar indemnización por lo que califican como conductas arbitrarias y hostiles por parte del Gobierno.
El abogado aclaró que tras la intervención de la EPS Sanitas por parte del Gobierno, los dueños aún no han retomado la administración, pues la Corte aún no ha notificado el fallo que ordena levantar la intervención.
Pese a la tensión, Riveros insistió en que la intención de Keralty es mantenerse en el país y seguir prestando servicios a los usuarios, así como participar activamente en la discusión sobre la reforma a la salud: “El sistema no es perfecto y necesita mejorar, pero no es necesario destruirlo todo”.
