El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una medida histórica que obliga al Gobierno nacional y a las EPS intervenidas a pagar, en un plazo de 30 días, las deudas acreditadas con clínicas y hospitales del país.
La decisión, que busca garantizar el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud, se dio tras una acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertando sobre la crisis de caja que enfrentan las instituciones prestadoras de salud en la ciudad y los riesgos para la vida y salud de los ciudadanos.
El tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Adres, Supersalud y EPS bajo intervención realizar de inmediato las gestiones para el saneamiento de la cartera, destacando que el incumplimiento de pagos ha provocado la suspensión de servicios y la afectación de la atención en salud.
Actualmente, las deudas del sistema de salud ascienden a 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones corresponden a EPS intervenidas. Entre las principales deudoras se encuentran Nueva EPS (9,2 billones), Sanitas (2,8 billones), y Famisanar (2,8 billones), situación que ha puesto en riesgo la continuidad de los servicios médicos en Medellín y en todo el país.
