La Fiscalía pidió una medida de internamiento, que será, de acuerdo con la fiscal, en el búnker de Bogotá.
Finalmente, la Fiscalía hizo la imputación de cargos en contra del menor señalado del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, el pasado sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.
El menor no aceptó su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
La Fiscalía —durante la audiencia, que fue reservada por las características del delito y la edad del infractor— presentó todos los elementos de prueba en contra del menor de edad, que incluyen los videos de seguridad y las grabaciones que hicieron decenas de ciudadanos que captaron, sin saber, el momento exacto del ataque.
“Estamos verificando el ingreso de esa arma de fuego a Colombia. Sabemos la procedencia, pero, el destino, cómo ingresa esa arma a Colombia, forma parte de esa investigación”, recalcó el director de la Policía en rueda de prensa.
Durante la audiencia, también fueron presentados los elementos y las evidencias recuperados en los allanamientos que se adelantaron en la casa de los familiares de este menor de edad, donde encontraron pruebas que terminaron siendo indicativas de un plan macabro en contra del precandidato presidencial.
Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía solicitará una medida de internamiento en centro de reclusión que, de acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo en una rueda de prensa, podría ser el mismo búnker de la Fiscalía, acondicionando los espacios para este tipo de reclusión especial.
“Al menor se le han reforzado sus medidas de seguridad en el centro asistencial, como a su propia familia. Esta es una labor muy importante”, precisó la fiscal general al señalar que en redes sociales se han publicado datos privados del adolescente y su núcleo familiar.
Como no aceptó cargos, se alarga el tiempo para la judicialización del menor; esto es, lograr una condena en su contra. Según expertos penalistas, no puede ser superior a los ocho años de cárcel, de acuerdo con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes; para algunos, una pena ínfima para un delito tan grave.
“En el peor de los eventos, las sanciones van entre los dos y los ocho años de internamiento de estar privada de su libertad esta persona en lugares especiales”, precisó el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
Durante la imputación de cargos, la Fiscalía explicó cómo el arma utilizada para este crimen fue adquirida, de acuerdo con todos los análisis forenses y las investigaciones, en Estados Unidos, en el año 2020. Lo que se trata de establecer es cómo llegó a Colombia y, luego, a las manos de ese menor de edad.
En las próximas horas, el ente acusador explicará en detalle qué viene en este proceso y de qué forma esperan llegar a los autores intelectuales del crimen. Entienden que el menor de edad no pudo cometer ese crimen solo; de acuerdo con los elementos de prueba, sería un plan milimétricamente diseñado.
