La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- adoptar las medidas necesarias para avanzar en la ejecución de cuatro proyectos de obras en Mocoa, Putumayo, los cuales tienen financiación del Sistema General de Regalías -SGR- por 192.444 millones de pesos y están destinados a prevenir situaciones de emergencia por avalanchas e inundaciones, así como el mejoramiento de la red pluvial y sanitaria de algunos barrios del municipio.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR lideró una mesa de trabajo con funcionarios de la UNGRD, en la que efectuaron observaciones al estado actual de las obras, que presentan retrasos en su desarrollo que ponen en riesgo la inversión realizada.
Entre los proyectos analizados se encuentran los destinados a reducir el riesgo de crecidas repentinas (avenidas torrenciales) y reducir la inestabilidad de las pendientes sobre la quebrada Taruca y los ríos Sangoyaco y Mulato, que contemplan la ejecución de 56 obras de mitigación por un monto de 185.093 millones de pesos.
También el avance de las acciones para identificar el uso y ocupación que tendrán los suelos de la ronda hídrica de los ríos Mulato y Sangoyaco, con un costo cercano a los 6.000 millones de pesos; la canalización de aguas lluvias y residuales en un sector del barrio El Carmen, por 922 millones de pesos, y la ampliación de un tramo del alcantarillado entre los barrios Bajo Cañaveral y Prado Norte que permita beneficiar a más usuarios y mejorar el tratamiento de las aguas residuales, por 429 millones de pesos.
El órgano de control indicó que en el seguimiento realizado ha detectado obras inconclusas y no entregadas, permisos ambientales vencidos, pérdida de la vigencia de avalúos catastrales ya realizados, invasión de la ronda de los ríos propensa a inundaciones, vertimientos de aguas residuales cerca a lugares poblados, inadecuado funcionamiento de la red pluvial y dificultades en la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, entre otras.
El Ministerio Publico señaló que estas falencias deben corregirse en el menor tiempo posible para evitar inundaciones fatales como la sucedida en el municipio hace ocho años y un detrimento patrimonial sustancial, pues los retrasos evidenciados ponen en riesgo la inversión realizada, situación que hace necesario la adopción de medidas oportunas para reencauzar el desarrollo de esos trabajos.
