Una nueva polémica rodea al Gobierno nacional tras conocerse que un grupo de influencers afines al petrismo fue trasladado a Barranquilla en un avión de la Policía Nacional, con el propósito de participar en el “cabildo popular” convocado por el presidente Gustavo Petro en el Paseo Bolívar.
El vuelo, según fuentes cercanas a la logística del evento, partió desde Bogotá con varias figuras visibles en redes sociales que suelen amplificar el discurso del Gobierno. Algunos de ellos han sido contratistas de entidades públicas o participan en campañas institucionales bajo el paraguas de “comunicación alternativa”.
El hecho generó un inmediato rechazo desde distintos sectores políticos, que señalaron la utilización de recursos del Estado —en este caso, una aeronave de la fuerza pública— para movilizar activistas del oficialismo. La senadora Paola Holguín calificó el hecho como “una violación flagrante de la neutralidad institucional de la Policía”.
En contraste, desde el círculo del Pacto Histórico justificaron el traslado como parte de una “estrategia de pedagogía ciudadana”, y negaron que haya existido propaganda política directa. Sin embargo, ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía se han pronunciado oficialmente sobre quién autorizó el vuelo ni bajo qué justificación legal.
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