Lo que hace apenas unos meses fue presentado como una posible solución al conflicto social por el peaje Papiros, hoy parece quedar enterrado entre cifras financieras, trámites inconclusos y decisiones que se cocinan lejos del escrutinio ciudadano. La concesión Ruta Costera, que administra la Vía al Mar, ha dicho que “no es viable” entregar el tramo entre Puerto Colombia y Barranquilla —la llamada Unidad Funcional 4— a la Gobernación del Atlántico, echando por tierra la propuesta del gobernador Eduardo Verano para desmontar el peaje.
El argumento de la concesión es técnico, pero su efecto es político y social: dicen que el traspaso afectaría el modelo financiero del contrato. Así lo dejó ver el Ministerio de Transporte en un proyecto de resolución que, además de extender por seis meses la suspensión del cobro en Papiros para las categorías 1 y 2, establece una tarifa diferencial en el peaje Puerto Colombia.
Una respuesta guardada desde febrero
La noticia cayó mal entre los sectores ciudadanos que, desde hace años, vienen pidiendo la eliminación del peaje. Pero lo que más molestó fue la forma en que se conoció. Según Rosemberg Cueto, integrante del movimiento No Más Peaje Papiros, la comunidad se enteró de la posición de la concesión solo hasta la publicación del borrador de resolución. “Tenían la respuesta desde febrero, y la ANI lo sabía. Nadie nos dijo nada”, denunció.
Para muchos, el anuncio confirma lo que ya sospechaban: que el desmontaje del peaje ha sido más una bandera política que una verdadera prioridad institucional. La concesión, al negarse a entregar el tramo, obliga a repensar toda la estrategia y deja en el aire una promesa que parecía avanzar.
¿Quién gana y quién pierde?
La suspensión del cobro para categorías 1 y 2 —que aplica para carros particulares y motos— fue celebrada en su momento como un alivio para los residentes. Sin embargo, Cueto sostiene que es apenas un espejismo: “El Estado sigue pagando al concesionario el mismo recaudo mensual. Esto no es un sacrificio para ellos. Es más bien una forma de callar la protesta sin tocar el fondo del problema”.
Y el fondo, precisamente, está en el contrato. En el documento que firmaron el Estado y la concesión Ruta Costera se establecieron metas de tráfico, costos operativos (Opex) y de inversión (Capex) que hoy se presentan como barreras técnicas imposibles de mover sin reformular todo el esquema.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por su parte, ha solicitado a la concesión que presente un documento técnico completo que permita revisar alternativas y trazar una hoja de ruta. Pero mientras ese informe llega, el malestar ciudadano sigue creciendo y la solución definitiva parece alejarse.
¿Fin del peaje o fin del debate?
Así las cosas, el escenario actual muestra un traspaso trabado, un contrato blindado, y una comunidad que siente que ha sido excluida del debate. ¿Es el fin del peaje Papiros? Por ahora, parece más bien el fin de las ilusiones de que su desmonte sea una realidad a corto plazo.
La historia se repite: promesas que se diluyen, decisiones que se esconden y tecnicismos que, lejos de aclarar, enredan aún más un conflicto que lleva años sin resolverse.
