La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del ejercicio del cargo por 11 meses al entonces director (e) de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá (Valle del Cauca), Arely Julián Fernández Torres, por los hechos relacionados con la muerte de 56 personas privadas de la libertad, tras un incendio presentado en junio de 2022.
La decisión de primera instancia también cobija a Javier de Jesús Orozco Gómez, quien se desempeñaba como comandante de vigilancia del citado centro penitenciario y a los entonces dragoneantes, Luis Felipe Cruz Arredondo y Edilson Alberto Marín Marín, suspendidos en el ejercicio de sus cargos por 9 meses.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, una riña sostenida entre algunos detenidos, por el control del microtráfico en el patio 8, generó un incendio que cobró la vida de 56 internos dentro del establecimiento penitenciario y carcelario.
Por estos hechos, la Procuraduría sancionó al entonces director Fernández Torres quien, más allá de la gestión que haya realizado para la asignación de más personal de guardianes, no garantizó las medidas eficaces para garantizar la disciplina dentro de dicho establecimiento.
En ese sentido, el ente disciplinario señaló que el disciplinado no ejecutó las medidas de control necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las Personas Privadas de la Libertad que se encontraban en la cárcel de Tuluá pues, según los testimonios, las disputas entre los líderes de los combos criminales eran permanentes lo que demandaba la adopción de medidas.
Entre tanto, el Ministerio Público encontró responsables a los entonces teniente de Prisiones, Orozco Gómez y dragoneantes, Cruz Arredondo y Marín Marín, por omisión, pues fallaron en los servicios de orden, seguridad, disciplina, custodia y vigilancia que debían implementarse en el establecimiento de reclusión, situación que conllevó a los lamentables hechos.
Las faltas cometidas por los disciplinados fueron calificadas como grave con culpa grave.
Contra esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Sala Ordinaria Disciplinaria de Juzgamiento.
