El presidente electo Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos una pausa en la implementación de una ley que podría prohibir la aplicación de redes sociales TikTok o forzar su venta. Trump argumenta que necesita tiempo, tras asumir el cargo, para buscar una “resolución política” al tema. Este caso, de alta relevancia para el futuro de TikTok en Estados Unidos, está previsto para ser discutido en el tribunal el próximo 10 de enero.
La ley en cuestión obliga al propietario chino de TikTok, ByteDance, a vender la plataforma a una empresa estadounidense o enfrentar una prohibición. En abril, el Congreso de Estados Unidos aprobó esta legislación, estableciendo como fecha límite el 19 de enero para que ByteDance se deshaga de TikTok. Sin embargo, si la Corte Suprema no falla a favor de TikTok y no se produce la desinversión, la aplicación podría quedar prohibida en el país, apenas un día antes de que Trump asuma la presidencia.
El giro de Trump hacia TikTok
Este cambio de postura de Trump respecto a TikTok marca un contraste con sus acciones en 2020, cuando intentó prohibir la aplicación en Estados Unidos y forzar su venta debido a preocupaciones sobre su propiedad china. Según informes, la empresa ha hecho un esfuerzo considerable por acercarse al equipo de Trump durante la reciente campaña presidencial. Incluso, el presidente electo admitió que recibió “miles de millones de visitas” en la plataforma durante su campaña.
En diciembre, Trump se reunió con el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, y posteriormente manifestó tener un “punto favorable” hacia la aplicación, señalando que estaba a favor de permitir que TikTok continuara operando en Estados Unidos, al menos por un tiempo.
El abogado de Trump, D. John Sauer, quien también ha sido seleccionado por el presidente electo como futuro procurador general de Estados Unidos, afirmó: “El presidente Trump no toma posición sobre los méritos subyacentes de esta disputa”. Además, Sauer añadió: “En cambio, solicita respetuosamente que la Corte considere suspender la fecha límite de la Ley para la desinversión del 19 de enero de 2025, mientras considera los méritos de este caso, permitiendo así a la administración entrante del Presidente Trump la oportunidad de buscar una resolución política de las cuestiones en cuestión en el caso”.
