Durante una visita a la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, socializó la Resolución Defensorial n.º 003 de 2024, a fin de que sea implementada la Ley 2292 de 2023, la cual prevé la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública.
La Resolución Defensorial emitida busca implementar la Ley con potencial para beneficiar a más de 5.000 mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar. Si ellas cumplen con los requisitos de la Ley, como haber cometido delitos contra el patrimonio económico, porte y tráfico de estupefacientes y que la condena sea menor a ocho años, podrían favorecerse de la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública.
“Esta norma es la primera en el país que, con enfoque de género, contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, permitiendo cumplir la pena de forma extramural en actividades de impacto social en el ámbito comunitario y, a su vez, que la mujer pueda proveer y acompañar a sus hijos”, remarcó la Defensora Iris Marín Ortiz.
De acuerdo con lo evidenciado en las visitas a centros carcelarios que ha liderado la entidad garante de los derechos humanos, agregó la Defensora del Pueblo, “el número de penas concedidas hasta ahora es muy bajo debido al desconocimiento de esta ley y a la interpretación restrictiva por parte de algunos operadores judiciales, que se han negado a implementar un enfoque diferencial y de género, por lo que surge la necesidad de que sea adoptada la Resolución Defensorial”.
Contenido de la Resolución expedida
1. Ordena a las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo elaborar un plan conjunto en los próximos 30 días, cuyo objetivo es ampliar el uso de esta alternativa y avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en reclusión.
2. Exhorta al Ministerio de Justicia a continuar con el monitoreo de la implementación de la Ley en mención y promover la consecución de un mayor número de plazas de servicios de utilidad pública, especialmente en municipios apartados del país.
3. Invita al Consejo Superior de la Judicatura a promover, a través de una estrategia de capacitación efectiva, la adopción del enfoque diferencial y de género por parte de los operadores judiciales, de modo que la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública no sea negada a partir de interpretaciones restrictivas.
4. Insta a la Procuraduría General de la Nación a adoptar acciones similares a la Resolución Defensorial, con el propósito de incentivar la intervención oportuna de los procuradores delegados ante los jueces penales, de todos los niveles, para propiciar la concesión de la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública y erradicar el uso de interpretaciones carentes de enfoque de género.
5. Exhorta a todas las alcaldías y gobernaciones del país a implementar programas restaurativos que incluyan a las mujeres potenciales beneficiarias de la pena de servicios de utilidad pública, a quienes, además, les deben brindar oportunidades laborales paralelas a los servicios gratuitos que deben prestar como parte de la ejecución de sus penas.
