La Corte Constitucional avaló la ley estatutaria contra la violencia hacia las mujeres en la política, la cual busca hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles del Estado.
Esta ley nació con el fin de llenar un vacío ante la vulnerabilidad de muchas mujeres para llegar a alcaldías, gobernaciones e incluso a la Presidencia de la República.
La Corte encontró que esta disposición es compatible con la Constitución en la medida que materializa la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y estereotipos de género, así como el deber del Estado de remover todas las formas de discriminación que afectan el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Cabe señalar que, de todas formas, se hicieron algunos condicionamientos a su constitucionalidad, ya que se estableció que los datos que entreguen las mujeres que denuncien hechos violentos deben ser protegidos por las autoridades.
Asimismo, el alto tribunal avaló la prohibición de la propaganda que incite a la violencia por razones de género contra las mujeres que participen en la vida pública y la política nacional; las medidas de prevención, protección y atención a las mujeres víctimas de violencia política de género; y las disposiciones contenidas en diversos artículos del proyecto que prevén el deber de registrar y reportar casos de violencia contra las mujeres en la política.
