- Se le imputaron cargos, al incumplir el porcentaje mínimo de participación de mujeres en la designación de cargos directivos, cuando se desempeñaba como mandatario.
- El ente de control destacó que el disciplinable, al no estar actualmente en el cargo, deberá pagar una suma de $79.457.515, dado que la suspensión se convierte en salarios.
La Procuraduría General de la Nación profirió fallo de primera instancia en contra de Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva, y le impuso una suspensión de cinco meses en el ejercicio del cargo, por incumplir con el mínimo del 30 % de participación de la mujer en la designación de cargos de otros niveles decisorios distinto al máximo, según la Ley de Cuotas, en las vigencias 2020, 2021 y 2022, mientras se desempeñaba como mandatario de la ciudad.
En el fallo se explicó que los nombramientos de personal femenino por un periodo parcial no honran lo fijado en la Ley 581 de 2000, que procura la materialización de acciones en pro de la igualdad real y efectiva de la mujer en la participación de los cargos del nivel decisorio de las entidades públicas, más aún cuando el tiempo de permanencia en el cargo no es significativo; de ahí que dichos empleos deben ser ocupados de manera constante por mujeres en al menos un 30 %, y en los lapsos en que ello no suceda, por menores que sean, se está vulnerado la norma.
Esta decisión, además, se encuentra en línea con el Plan Estratégico Institucional de la señora Procuradora General, particularmente con un enfoque de género en las providencias disciplinarias.
De acuerdo con el ente de control, dado que el disciplinado ya no se encuentra vinculado a la Alcaldía de Neiva, y según lo estipulado por el Código General Disciplinario, deberá pagar una suma de $79.457.515, teniendo en cuenta que para el año 2022 (último año en que cometió la falta) el salario devengado era de $15.891.503.
De acuerdo con el Ministerio Público, luego de informe de Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se inició investigación respecto de las entidades públicas que, al parecer, en las vigencias mencionadas, incumplieron con el deber de aplicar el porcentaje mínimo de participación de la mujer en los cargos de niveles decisorios, de conformidad con la Ley de Cuotas.
Según la Procuraduría, a Muñoz Calderón se le atribuyó en definitiva la comisión de una falta grave con culpa grave.
