La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, completó una Auditoría Financiera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, para 2023.
Durante esta auditoría, se identificaron ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro podrían tener implicaciones fiscales por un total de $39.602 millones, y uno podría tener consecuencias disciplinarias.
El proceso de auditoría se centró en los procedimientos de cobro llevados a cabo por la Dian, revelando varias deficiencias significativas. Por ejemplo, se encontró que en un caso de liquidación societaria que involucraba accionistas en la lista Clinton, la sociedad no había presentado declaraciones de Impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni de Impuesto sobre las Ventas-IVA para el periodo fiscal 2007, resultando en un saldo pendiente de Impuesto al Patrimonio del mismo año.
Además, la CGR no pudo verificar la conexión de la Dian con el proceso de liquidación, a pesar de tener los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad. Durante la auditoría, se observó que la Dian no logró recuperar los recursos adeudados por la sociedad, y los mandamientos de pago emitidos estaban prescritos.
Esto se debió a que la Dian no gestionó el cobro adecuadamente considerando la situación legal de la sociedad liquidada, ni consultó su estado con la Superintendencia Financiera, recurriendo en su lugar a la extinta Superintendencia de Valores.
Estas deficiencias llevaron a la pérdida de recuperación de los valores adeudados por la sociedad, generando un detrimento al patrimonio público estimado en $38.772 millones. Además, la auditoría identificó un posible detrimento adicional de $829,9 millones por bienes bajo custodia de la Dian, donde los funcionarios responsables no cumplieron con los procedimientos para reclamar siniestros a las aseguradoras, lo que resultó en la imposibilidad de recuperar las sumas correspondientes.
Como resultado de estas observaciones, la Contraloría General de la República recomienda a la Dian revisar y mejorar sus procesos de cobro para asegurar una gestión efectiva y oportuna de los recursos públicos. También insta a realizar reclamaciones por siniestros de manera puntual y conforme a los términos contractuales para evitar futuros perjuicios patrimoniales y garantizar la protección de los bienes del Estado.
