La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Buenaventura, liderada por Ligia del Carmen Córdoba, y a la Policía Nacional para que articulen acciones tendientes a robustecer el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y garanticen los derechos de las familias y de las personas dadas por desaparecidas en el distrito.
La Provincial de Instrucción de Buenaventura sostuvo que las cifras indican que desde 2000 y hasta 2020 se desconocía el paradero de por lo menos 450 personas, y que en lo corrido de este 2024 se tienen registradas otras 26, por lo que urgió adoptar medidas que permitan mitigar el impacto generado por este flagelo.
De igual manera, el Ente de control señaló que se requiere necesariamente que la Policía Judicial cuente con el personal suficiente para adelantar las tareas que le competen, asegurar su permanencia y dedicación para atender las órdenes que se emitan en el ámbito del MBU y de la indagación.
El Ministerio Público conminó a la entidad territorial informar sobre los avances realizado para la inclusión de la política, y los realizados para el Plan y la ruta para disposición presupuestal efectiva para la adquisición de bóvedas a perpetuidad para las víctimas de desaparición forzada, con el fin de garantizar lo ordenado por la JEP en ese sentido.
Finalmente, en la comunicación que también se envió a la secretaria de Gobierno, María Liliana Vivas Paz; los coroneles Edwin Masleider Urrego Pedraza y Giovanni Cristancho Zambrano, y la directora seccional de la Fiscalía General en el Valle del Cauca, Adriana Inés Colonia, se les advirtió que disponen de cinco día para dar respuesta a las solicitudes.
