La Audiencia de Barcelona, norete de España, sienta desde el próximo lunes a la cantante colombiana Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por defraudar 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con la puerta aún abierta a un pacto de última hora.
En doce sesiones, por las que está previsto que desfilen 117 testigos, además de peritos e inspectores de la Agencia Tributaria, el tribunal deberá resolver si, como mantiene la Fiscalía, la artista simuló tener residencia fiscal en Bahamas para burlar su obligación de pagar impuestos a la Hacienda española.
No es este el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos: otro juzgado de Barcelona la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar más de seis millones en el impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Esta nueva causa penal podría alentar un pacto con la Fiscalía, que la artista ya rechazó en julio de 2022, cuando tras mantener varios contactos con el ministerio público descartó su oferta -que pretendía rebajarle la pena a cambio de que Shakira reconociera el delito- y jugársela en el juicio.
Hasta el último minuto, sigue sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo de la cantante con la Fiscalía y la Agencia Tributaria -acusación particular- para reducir una eventual condena, pese al duro comunicado con el que Shakira desechó el pacto, en el se proclamaba víctima de la “persecución” de Hacienda y la “intransigencia” del ministerio público.
