El pasado jueves el Ministerio de Hacienda radicó un proyecto de Ley para modificar el impuesto predial.
Específicamente, con el proyecto se cambiaría lo estipulado en la Ley 44 de 1990 y se derogaría la Ley 1995 de 2019.
Cabe recordar que la radicación de este proyecto va en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, donde quedó establecido que se promulgaría una nueva Ley para poner límites al crecimiento del impuesto predial unificado.
Según lo explicó el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, “el decreto 1995 solo genera un alivio a los predios con avalúos inferiores a 135 salarios, pero no dice nada sobre los predios con avalúos superiores. Este dejaba la puerta a que si, por ejemplo, si a usted se le incrementaba el avalúo en 1.000%, el predial también le aumentaría 1.000%”.
Lo que busca el proyecto de Ley, entonces, es fijar un esquema de topes graduales para que, aún si incrementa el avalúo del predio, esto no incida de manera significativa en el alza del predial.
Y en línea con datos del Ministerio de Hacienda, este proyecto de Ley, para la zona rural actualmente solo contempla un mayor pago para los predios con más de 100 hectáreas, “lo cual no es un indicador de productividad ni aprovechamiento de la tierra”, dice el Ministerio.
Agregan que el proyecto propone límites más precisos y progresivos para la zona rural. La cartera estima que solo 5% de los predios entrarán en los rangos más altos de incremento. No obstante, en la opinión pública surgieron varios reparos ante el proyecto, esto ante los aumentos que significaría para las ciudades principales.
A esto, Diego Carrero, subdirector general del Igac, responde que en las ciudades no afectaría, pues en estas aplican regímenes especiales para el impuesto predial. “Bogotá no tendría ningún problema, porque la capital actualiza su catastro todos los años. De hecho, hay un artículo dentro del proyecto de Ley que dice que para Bogotá aplica un régimen especial, y que las ciudades principales que así lo deseen también pueden adoptar este régimen especial”.
No obstante, persisten las voces desde algunos sectores que ven con preocupación este proyecto. Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda, considera que, “el proyecto tiene una justificación y es que en muchos casos el avalúo de los bienes se encuentra desactualizado, y no refleja el valor real de los mismos. Al momento de actualizar el catastro los impuestos aumentan considerablemente. Sin embargo, permitir un aumento de hasta 300% resulta sumamente alto y puede llegar a ser casi que expropiatorio, puesto que la persona se verá en dificultades de pagar el mismo”.
Londoño añadió que “debería pensarse en una forma que haga los aumentos gradualmente en varios años, para que al final de este periodo el impuesto refleje el valor del bien, pero no hacerlo en un solo año”.
