En un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA), se ha identificado a Mahdy Akil Helbawi, un empresario colombiano, como un principal colaborador financiero del grupo extremista Hezbolá.
La reciente acusación señala que tres miembros de la familia Helbawi, con base en Colombia, han desempeñado un papel crucial en la financiación y expansión de las operaciones de Hezbolá en América Latina. Las acusaciones sugieren que estas operaciones familiares se diseñaron cuidadosamente para evadir sanciones y detección.
El Departamento del Tesoro subrayó en su declaración que “la OFAC, en colaboración con la DEA, ha identificado agentes esenciales y facilitadores financieros de Hezbolá en América del Sur y Líbano”. El foco principal de esta acusación es Helbawi, conocido en el submundo del crimen por varios alias como Akil, Mahdi Amer; Aquil, Mahdi Amir, entre otros.
Helbawi, nacido el 30 de octubre de 1987 en Maicao, Colombia, pero de nacionalidad libanesa y ciudadanía colombiana, ha sido vinculado directamente con Amer Mohamed Akil Rada, su padre y presunto líder de Hezbolá. Según la OFAC, Amer es acusado de actuar directa o indirectamente en representación de Hezbolá.
Bajo la dirección de Helbawi, se estableció Zanga SAS, una empresa colombiana dedicada a la industria del carbón. Se alega que esta empresa es un frente para evadir sanciones y facilitar operaciones comerciales que benefician a Hezbolá.
Además, la OFAC citó: “Helbawi es el director ejecutivo de Zanga SAS, la cual ha sido el principal proveedor de empresas controladas por esta red, incluido Amer”.
Las autoridades han destacado la relación entre padre e hijo, sugiriendo que Helbawi proporcionó apoyo financiero a su padre, un antiguo miembro de Hezbolá, a través de diversas operaciones comerciales.
La OFAC, respaldada por la EO 13224, ha sancionado tanto a Helbawi como a Zanga SAS, citando su implicación en la provisión de apoyo financiero y otros recursos a Amer y Hezbolá.
Esta acción se produce después de años de sospechas y evidencia acumulada sobre los intentos de Hezbolá de establecer una presencia significativa en Colombia. En 2018, ya se había informado sobre la actividad de la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbolá en el país, subrayando sus intentos de financiar y reclutar para el grupo terrorista.
Con las recientes revelaciones y sanciones, el foco ahora se desplaza hacia cómo las autoridades nacionales e internacionales abordarán este complejo entramado de financiación del terrorismo.
