El saliente contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sigue su lucha jurídica para evitar salir de su cargo, luego de la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección que realizó en el Congreso en el 2022.
Con una tutela, Rodríguez pidió que se impusieran medidas provisionales sobre la decisión tomada por la Sección Quinta de ese tribunal, pues considera que los magistrados cometieron errores de fondo.
Uno de los supuestos vicios que mencionó en la determinación de nulidad, hacía referencia al tiempo entre la citación y la realización de la sesión plena del Congreso en la que se realizó la votación para la elección de Rodríguez, pues no pasaron los ocho días establecidos en la ley para realizar la plenaria.
El funcionario aseguró que ese es uno de los errores cometidos por la sala, pues esa norma tiene puntos de claridad.
“Desconoció que todos los días de la semana son hábiles para efecto de las reuniones de las Cámaras durante el periodo de sesiones, conforme al artículo 83 de la Ley 5a de 1992, disposición aplicable para el cumplimiento de cualquiera de sus funciones, incluyendo la electoral -defecto sustantivo-“, señala el documento.
Rodríguez también indicó que el tribunal no tuvo en cuenta que los supuestos vicios no fueron fundamentales para alterar la decisión final del Congreso, pues resaltó que fue el mejor en la calificación de las evaluaciones de aptitud y que en caso de que hubiese inconsistencias, no tenían la trascendencia para anular la elección.
“Las irregularidades advertidas solo podían conducir a la nulidad de la elección si se trataba de vicios trascendentes o relevantes. De haberlo hecho, habría concluido que ninguna de las supuestas anomalías encontradas era sustancial o tuvo incidencia directa en la elección, en tanto no fueron de tal magnitud como para haber variado el resultado final, ni afectaron los derechos de los candidatos”, recalcó Rodríguez.
Finalmente, el contralor insistió en el caso de la magistrada Rocío Araújo, quien se declaró impedida pero finalmente el Consejo de Estado rechazó la solicitud, por lo que el contralor aseguró que se la decisión se vio afectada por la falta de imparcialidad.
