Se cumplieron tres meses de la balacera registrada en una fiesta en Puerto Colombia y las autoridades siguen adelantando la investigación para determinar las causas que desataron el intercambio de disparos que dejó dos muertos y un herido.
La lista de asistentes a la celebración, así como la lujosa camioneta Lexus LX 2011, que recibió más de 40 impactos de bala, se mantienen como piezas clave de la investigación.
Con la primera se busca establecer quiénes fueron las personas encargadas de llevar el armamento y, con el vehículo la cantidad de pistolas que fueron accionadas en la ‘narcofiesta’.
Pero hay un dato que desde el primer día tiene en expectativa a las autoridades, debido a que estás tratan de determinar si en la celebración hicieron presencia varios fiscales de la seccional Atlántico.
Justino Hernández Murcia, director de la Fiscalía Seccional Atlántico, habló de cómo avanza la investigación del caso que se registró en la madrugada del pasado 24 de octubre.
“A partir de todas las pruebas recolectadas la Fiscalía tiene tres líneas de investigación: se indaga ante la dirección de narcotráfico, crimen organizado y finanzas criminales”, explicó Hernández.
El funcionario reveló que tan solo dos días después de que se presentara el tiroteo, el fiscal que llevaba la investigación por el doble homicidio solicitó la preclusión del caso.
Una fuente de la Fiscalía precisó que en la seccional de Barranquilla se habría dado una reunión donde se anunció que se pediría la ubicación de las celdas de los teléfonos celulares de varios fiscales, para determinar dónde estaban en momentos en los que se desarrolló la celebración.
Desde el día en que se conocieron los hechos, comenzaron a circular tres nombres de reputados fiscales locales encargados de investigar casos relacionados con homicidios, estructuras criminales, narcotráfico, microtráfico y hasta feminicidios.
Las autoridades de Estados Unidos también están detrás de la información relacionada con los fiscales y otras personas que habrían asistido a la ‘narcofiesta’.
Los dos detenidos fueron Roberto Carlos Vega Daza y José Nadín Marrugo Herrera (un exsoldado del Batallón de Policía Militar de Barranquilla), quienes fueron llevados a la URI de la Fiscalía por presunto porte ilegal de armas y quienes tenían manchas de sangre en sus camisetas.
A la fiesta asistieron desde empresarios de Cali y Palmira, así como de Villa del Rosario y Cúcuta (Norte de Santander). Además, de La Guajira, Santa Marta e incluso de Venezuela, de donde es la madre de Ospino Illera, uno de los dos muertos.
