La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional de Cundinamarca, en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, identificó y capturó a 11 presuntos integrantes de la estructura delictiva ‘Los Pochos’, señalada de múltiples actividades criminales en Cundinamarca, principalmente en el municipio de Soacha.
De acuerdo con la evidencia técnica ‘Los Pochos’ estaría conformada por dos componentes. Uno de estos dedicado a la venta de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo. Al parecer, utilizaban inmuebles como puntos de acopio desde donde se coordinaba la distribución. Por esta actividad ilícita, de acuerdo con la investigación, la red movía aproximadamente $150’000.000 semanalmente.
De otro lado, estaría el componente armado, que funcionaría como una de las denominadas ‘oficinas de cobro’. El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, realizaban homicidios en la modalidad de sicariatos por los llamados ajustes de cuentas y control de territorio. De acuerdo con las denuncias, ‘Los Pochos’ serían responsables de al menos cuatro muertes violentas en los últimos meses.
Golpe estructural
Las diligencias de registro y allanamiento en las que se materializaron las capturas se adelantaron en Soacha (Cundinamarca). En los procedimientos se incautaron varias dosis de estupefacientes.
Entre los detenidos están los presuntos principales articuladores del microtráfico. Se trata de Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco; Óscar Andrés Valle Tejedor, alias Óscar; y Carlos Manuel Galindo Yate, alias Tolima, quienes serían los responsables de adquirir bazuco, marihuana y cocaína para la comercialización.
Los demás detenidos estarían a cargo del expendio de drogas, de recopilar el dinero producto del ilícito y de mantener el control de las zonas de distribución.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los 11 presuntos integrantes de ‘Los Pochos’ los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez con función de control de garantías, deberán cumplir medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario.
