El Ministerio Público realiza constante seguimiento a las problemáticas en materia ambiental que se presentan en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades nacionales y territoriales la implementación de acciones para la conservación y protección de las playas y litoral rocoso de la Isla de San Andrés y del tejido coralino en esta jurisdicción, afectada por la erosión costera a lo largo del litoral, que con ocasión del paso de los huracanes ETA, IOTA y JULIA se ha incrementado.
En carta enviada a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Director de Coralina, el ente de control pidió priorizar acciones de recuperación del área litoral, y a su vez, a que se estudie una posible solución de reubicación de las viviendas que se encuentran en zona de riesgo.
Por lo anterior, solicitó a las mencionadas entidades, remitan al Ministerio Público las acciones previstas en el corto, mediano y largo plazo para restaurar los daños ocasionados por el paso de los tres huracanes y el plan de acción para evitar que los próximos eventos climáticos afecten de manera irreversible estas áreas estratégicas.
En la comunicación enviada, la Procuraduría también alertó sobre la inminente llegada de la enfermedad “Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD, por sus siglas en inglés), a los arrecifes coralinos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que afecta la pérdida del tejido coralino y daña drásticamente los ecosistemas marino-costeros, solicitando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los avances que a la fecha se han tenido del Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y Golfo (AGRRA por sus siglas en inglés) y sobre los futuros Planes de Acción Institucionales de las autoridades ambientales.
El ente de control también enfatizó en la necesidad de realizar un trabajo articulado entre las autoridades para la protección y conservación de los ecosistemas del archipiélago, que a nivel nacional e internacional es reconocido por su declaratoria de la UNESCO, como Reserva de Biósfera Seaflower, con la que Colombia se comprometió como país a diseñar e implementar estrategias de desarrollo sostenible para la efectiva conservación de la biodiversidad.
